Operativo interviene radioemisoras en Curimaná

La Municipalidad Distrital de Curimaná realizó un operativo en radioemisoras para verificar si contaban con toda la documentación en regla, el pasado 20 de mayo. Fueron tres las estaciones intervenidas; sancionando a una preventivamente con una multa ascendente a 1 UIT (4300.00 soles).

Mediante una nota de prensa, la Municipalidad Distrital de Curimaná anunció que este denominado ‘operativo inopinado de fiscalización a empresas radiales’ se encontraba con el conocimiento y venia del alcalde William Muñoz  y se fundamentaba en un requerimiento de la red de salud de Curimaná.

La nota de prensa señaló que el pedido del personal médico se fundamentaba en que en las radioemisoras se estaba “atentando contra la salud pública al difundir noticias fuera del contexto real según acuerdo N° 04 del acta de reunión de emergencia del comité distrital de seguridad ciudadana Covid-19”.

Estos argumentos generaron fuertes suspicacias y expusieron una aparente censura a los medios de comunicación de mayor alcance de un distrito rural como Curimaná, lo que sentó un negativo precedente de atentado contra la libertad de expresión en Ucayali; pero, ¿Están fiscalizando o intimidando medios de comunicación?

Diario Ímpetu consultó sobre el suceso con los abogados Fernando Ángeles y Julio Reátegui para conocer sus opiniones respecto a lo ocurrido con las radios Estéreo Curimaná, Radio Melodía y Stación Curimaná donde el representante legal de la última expresó su descontento con lo ocurrido.

El abogado Fernando Ángeles, comenzó llamando las cosas por su nombre, “Es un abuso. La autoridad municipal, con el cuento de la comercialización, está vulnerando el derecho a la libertad de prensa e información que tiene la ciudadanía. Más aún, en este contexto de pandemia”.

Agregó, “En el Ministerio de Transportes han emitido sendas resoluciones en las que se han prorrogado las licencias, se han suspendido los trámites de permisos y se le ha dado la facultad a todos los que tienen una señal de radio a operar transitoriamente porque se necesitan medios para informar las medidas que se toman en medio de la pandemia”.

El letrado indicó que la municipalidad no está para ver si las noticias son buenas o malas o si le conviene o no le conviene. “Toda la normatividad de licencias de funcionamiento para medios de comunicación se les ha dado una luz verde, no  se les está pidiendo nada”.

Sobre a si la intervención acarrearía algún tipo de responsabilidad penal, Ángeles dijo “Claro, es un abuso de autoridad y usurpación de funciones porque ellos no tienen competencia para sancionar un medio de comunicación. El único que puede hacerlo es el Ministerio de Transportes” finalizó “Ha escogido un mal momento para ser abusivo”.

Por su parte el abogado Julio Reátegui Vela especificó que “La municipalidad, dentro de sus facultades, puede solicitar su licencia de funcionamiento o de defensa civil; pero, no puede solicitarle los documentos que concierne a otras autoridades como la licencia de operaciones otorgada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones”

También señaló “Excede sus competencias municipales, el único que tiene que exigirle es el MTC. Esto atenta contra el derecho a la libertad de opinar. No hay delito de opinión, se agrava la intervención cuando se ha dado a raíz de denuncias efectuadas por el sector salud argumentando que se está distribuyendo noticias y opiniones que distorsionan la realidad”.

Fue enfático al declarar “Ahí se están vulnerando derechos fundamentales que contempla la Constitución Política del Perú en su artículo segundo numerales 3 y 4. En nuestro país no existe delito de opinión y hay libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento”.

Reátegui Vela calificó de desacertada e inoportuna la intervención “Más que todo si lo hacen porque no le gustan las informaciones, noticias y comentarios que viene propalando este medio de comunicación radial. Ahí es donde esta intervención se convierte en un acto abusivo, en una violación al derecho constitucional del ejercicio de la libertad de opinión y a la libertad de información, expresión y difusión del pensamiento. Es una falta gravísima, va más allá de sus atribuciones”.

Desde Diario Ímpetu y el Grupo Editorial Ímpetu expresamos nuestra completa animadversión hacia estos evidentes actos de censura en medio de una situación tan crítica como el Estado de Emergencia. Ratificamos nuestro compromiso con la libertad de prensa y expresamos nuestra solidaridad para con los medios afectados.

F. GONZÁLEZ POLAR