17 Enero, 2021

Los estatutos de los partidos tampoco garantizan legitimidad de candidatos

Las ilegitimidad de los candidatos electos en sus comicios internos para postular a un cargo por elección popular, como serán las    elecciones generales del 11 de abril, no solo se manifiesta en la legislación electoral vigente, que no establece los porcentajes de votos que se deba conseguir en esos comicios partidarios para definir postulaciones legítimamente reconocidas, sino que tampoco los estatutos y reglamentos electorales de los partidos definen esas precisiones que se requieren para legitimar a los postulantes, que hasta el 22 de diciembre terminaron de inscribirse en los jurados electorales especiales del país, sin que nadie presentara alguna impugnación por esos motivos.

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Si alguien lo hubiera hecho, tampoco le hubieran aceptado por las mismas razones: no hay nada que establezca cómo se acepta o no a un candidato, sea cual fuere la votación que hubiera logrado en las elecciones primarias.

Como todos los estatutos y reglamentos partidarios tienen la misma orientación y son muy similares, haremos referencia a lo que dicen esos documentos en el partido político Acción Popular.

En su artículo 4 sostienen que uno de sus fines partidarios es “Contribuir a la gobernabilidad del país”, pero si no garantizan la legitimidad de sus representantes, es imposible que cumplan con ese objetivo.

En su Artículo 16, dicho estatuto señala como derecho de sus afiliados a “Elegir a los (las) dirigentes y a los (las) candidatos (as) del Partido de conformidad con las disposiciones del estatuto y reglamentos”, pero ni el estatuto ni el reglamento dicen nada sobre la condición de representatividad de dichos candidatos.

En cuanto a los deberes de sus afiliados, el artículo 17 determina que deben “Ser respetuosos con sus dirigentes, aceptando en la medida de sus posibilidades los encargos que estos le formulan”, siendo poco posible dicho respeto si el candidato que es electo a dirigente o congresista, incluso a Presidente de la República, no tiene el suficiente respaldo electoral de sus partidarios.

También indica como deber, “Contribuir a la formación cívica y política de los (las) ciudadanos (as)” y “Contribuir a la gobernabilidad del Perú”. Sin embargo, repetimos, si no aseguran la legitimidad de sus representantes, nada podrán hacer para formar civismo y menos gobernabilidad.

El estatuto populista (como el de las demás organizaciones políticas en contienda) también considera como una falta muy grave “Cometer fraude electoral” (Artículo 26”, pero no considera para nada que una forma de cometer esa falta es asumir un cargo partidario o por elección popular, sin tener la legitimidad que reconozca algún quórum mínimo para ser electo en esas responsabilidades.

El mismo artículo resalta como falta muy grave “Atentar contra la unidad del Partido mediante la constitución o respaldo a órganos partidarios ilegítimos o dirigencias paralelas”, así como “Fomentar la división del Partido mediante el desconocimiento de sus órganos legítimamente constituidos y dirigentes elegidos”. Sin embargo ni estatutos ni el reglamento electoral precisan cuándo se forman órganos partidarios ilegítimos u órganos y dirigentes legítimamente constituidos, y en ninguna parte se refieren al porcentaje válido para ser considerado representante legal y legítimamente elegido, salvo el que determina la Ley Orgánica de Elecciones para el reconocimiento del Presidente de la República en las elecciones generales, con la mitad más uno de los votos válidamente emitidos y la cifra repartidora para los parlamentarios electos, aunque, igualmente, hay un vacío en torno al porcentaje que debieron sacar en sus elecciones internas.

El artículo 41 determina que “La elección de las autoridades y candidatos (as) de Acción Popular, en todos los niveles, se rige por las normas de democracia interna establecidas en la Ley de Partidos Políticos, el presente estatuto y el Reglamento General de Elecciones”, pero tampoco la Ley de Partidos esclarece con qué votación se consigue la legitimidad para la representación partidaria tras las elecciones internas. Asimismo, el artículo dice que “El Reglamento General de Elecciones establece los requisitos y procedimientos para el ejercicio del derecho de elegir y ser elegido (a), así como para la revocatoria del mandato de quienes son elegidos (as) y no cumplen adecuada y responsablemente con sus funciones”, pero, insistimos, no existe ningún artículo que garantice que esa elección interna realmente signifique una representatividad legitimada porcentualmente por los votos.

Respecto a los sufragios para ocupar cargos por elección popular, el estatuto populista, en su artículo 62, indica que, al margen de las elecciones internas “Hasta una quinta parte del número total de candidatos puede ser designado directamente por el órgano inmediato superior competente (Plenario Nacional, Convención Regional o Departamental o Convención Provincial) de acuerdo al ámbito de la circunscripción electoral. El Comité Nacional Electoral establece el procedimiento para la designación”, pero en ese procedimiento, establecido en el reglamento electoral, no se habla del quórum que determine la legitimidad de la representación del candidato electo, lo que hace suponer que se puede obtener la validez de una candidatura con solo 1 voto de algún militante, o el suyo mismo.

La ODPE ni el JEE de Coronel Portillo han sido capaces de esclarecer ese vacío.

Sobre algún quórum, el estatuto AP solo es aludido en el artículo 89, para instalar el Plenario Nacional populista que es, “en primera citación, más de la mitad de sus miembros hábiles; y, en segunda citación, con los asistentes una hora después de la primera. Los acuerdos se adoptan con el voto conforme de la mayoría absoluta de los asistentes, salvo en los casos que el estatuto disponga un número superior”.

REGLAMENTO

El Reglamento Electoral de AP, en su artículo 6 precisa once principios y garantías para sus procesos electorales. Entre ellos el Principio de Transparencia, según el cual “Las regulaciones y procedimientos de carácter electoral deben ser claras y carentes de ambigüedad”, pero estamos viendo que no solo AP sino todos los demás partidos, carecieron de claridad en cuanto a la legitimidad de sus elecciones internas para llegar a postular a cargos públicos.

También el reglamento confiere el Principio de Presunción de buena fe, de acuerdo al cual “Todos los actos que realicen los actores electorales durante el proceso deben presumirse como ciertos y carentes de una intencionalidad negativa o lesiva sin necesidad de probanza alguna”. Es por ello que, sin tener ninguna puntualidad respecto a la legitimidad de los electos, se da por hecho que estos son efectivamente electos sin precisión de ningún porcentaje de votos a su favor, que legitime su elección.

El mismo artículo estipula el Principio de Publicad, de acuerdo al cual “Todas las actuaciones procesales deben ser de carácter público y por lo tanto pueden ser fiscalizadas por los actores del proceso”. Sin embargo, todo supone que la debilidad en la contemplación de ese párrafo causó el ausentismo durante las elecciones internas, incluso en AP, pese a que fue uno de los partidos con mayor participación.

En cuanto al Principio de Legalidad, se determina que “Los Comités Electorales deben actuar con respecto a la normatividad en materia electoral, dentro de las facultades que le están atribuidas y de acuerdo para los fines para los que fueron conferidas”. Pero en AP, como en los demás partidos, esa legalidad fue cumplida en las elecciones internas, pero dicha legalidad no garantiza la legitimidad de los resultados, porque ninguna organización política, ni las leyes electorales, hacen referencia a cómo verificar dicha legitimidad.

Como mencionamos al principio, todos los demás partidos que hasta ayer inscribieron a los candidatos electos en sus elecciones internas, tienen estatutos y reglamentos electorales muy similares a los de AP. Por tanto, las deficiencias en torno a la legitimidad son las mismas.