Defensoría del Pueblo tutela los derechos humanos y la democracia

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La Defensoría del Pueblo es un organismo constitucional autónomo que tiene por misión defender los derechos fundamentales y supervisar el cumplimiento de los deberes de la administración pública y la prestación de los servicios públicos a la ciudadanía, sin depender de ningún poder del Estado y actuando con total independencia.
Luego de 25 años de trabajo a nivel nacional, la institución en Ucayali ha atendido durante el año 2020 más de 2 700 casos que han sido resueltos ostentando una apreciable legitimidad en la ciudadanía, “Uno de los valores muy importantes con el que cuenta nuestra oficina es que atendemos de manera directa cada uno de los pedidos a través de los distintos medios, como presenciales, virtuales, llamadas telefónicas”, sostuvo, Hugo Pari Taboada, jefe defensorial de Ucayali.
Una de las cosas que nos caracteriza en Ucayali es que en los últimos años, la institución no presenta quejas por no haber atendido algún caso, asimismo los medios de atención son completamente gratuitos, destaca Pari.
Dado que su principal labor es la defensa de derechos, la Defensoría del Pueblo ha enfocado su trabajo en las personas más vulnerables del país: niñas, niños y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas adultas mayores, afrodescendientes, personas LGBTI, migrantes, personas privadas de libertad, víctimas del terrorismo, entre otras.

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Una tarea que se extiende a toda ciudadana y ciudadano que sufra discriminación, sea víctima de maltratos o crímenes, de negligencias estatales, de afectaciones a su salud o deficiencias en el servicio educativo, o no sea convocado a dialogar para resolver conflictos sociales, o padezca las consecuencias de la contaminación ambiental, o esté en riesgo su derecho a la participación política, entre muchas situaciones en las que esta institución se hace presente.
MÍNIMA INVERSIÓN
Para el presente año se han asignado 74.6 millones de soles, cifra que representa el 0.04 % del presupuesto general de la República. Este monto refleja a todas luces lo que el Estado invierte en la defensa de los derechos humanos, tan solo 2.2 soles anuales por habitante. Habría que preguntarse si este es el orden de prioridades en un Estado de derecho, si se está cumpliendo con el deber primordial del Estado de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos como lo establece el artículo 44° de la Constitución.


SIGRIDT RODRÍGUEZ

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