Javier Bonilla: “Se cometieron ilícitos y la justicia se encargará de determinar las responsabilidades”

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La situación legal del expresidente regional de Ucayali, Jorge Velázquez Portocarrero, se ha complicado con el proceso que le siguen por el alquiler de un hospedaje para que se trasladen las oficinas del Gobierno Regional de Ucayali hace ya ocho años. Hoy está prevista la lectura del fallo judicial por el alquiler del hostal Petita’s Inn, en el jirón Apurímac, donde se instalaron más de 20 oficinas, incluido el Consejo Regional.
En 2013 el exconsejero regional Javier Bonilla Pomachari, denunció presuntas irregularidades en el alquiler del hotel “Petita’s Inn”, local donde hasta hoy funcionan las oficinas del GOREU.
Por este caso, anteriormente el expresidente Jorge Velásquez fue condenado (enero 2017), encarcelado (abril 2017) y excarcelado (enero 2020). Él fue acusado por el delito contra la administración pública en la modalidad de negociación incompatible.

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Esto por presuntamente haber favorecido a su exasesor Lizandro Leveau, propietario del hotel Petita’s. A tres años de habérsele confirmado su primera sentencia firme, la exautoridad está en riesgo de volver a prisión por segunda vez.
“Las autoridades deben regirse a la ley. En ese contexto, en el alquiler del hotel había ciertas restricciones. El propietario laboraba en la institución, era asesor del presidente y asesor del GOREU. En esa condición no podía contratar con el Estado”, indicó Javier Bonilla en conversación con Ímpetu.
El exconsejero detalló que antes de que ocurran los hechos y se materialice el delito, advirtió al presidente regional y al comité de adjudicaciones que esa contratación no era posible, “pero no se me hizo caso y hoy vemos las consecuencias”, precisó. Bonilla Pomachari detalló que fue citado a los pasillos judiciales para el esclarecimiento de esos hechos. “Se cometieron ilícitos y la justicia se encargará de determinar las responsabilidades”, resaltó.

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EL HOTEL SIGUE ALQUILANDO
Los presuntos delitos en el alquiler del hotel Petita’s data del 2013 y, sin embargo, el alquiler del local se ha mantenido a lo largo de todos estos años y hasta en tres gestiones. Al respecto, el exconsejero Bonilla precisó. “La denuncia inicial era porque el propietario tenía contactos laborales con el GOREU, en la gestión Velásquez Portocarrero, donde hay un presunto ilícito penal. Pero en la gestión Gambini Rupay el dueño del local ya no tiene ninguna relación de trabajo con el GOREU, por lo tanto ese contrato no puede tener ningún vicio de irregularidad”.
Añadió que hoy la institución regional puede seguir alquilando ese hotel, si así lo considera conveniente, “es por eso que seguramente mantienen la vigencia con ese contrato hasta que se construya su nuevo local institucional”, concluyó Javier Bonilla.


ALI RODRIGUEZ

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