Corte de Ucayali gestiona convenio para implementar Juzgado de Sarayacu

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El presidente de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Américo Torres Lozano y la presidenta de la ONG Rainforest Foundation Perú, Margoth Quispe Anaya viajarán al distrito de Sarayacu, ubicado en la provincia de Ucayali, región Loreto con el fin de gestionar la implementación del Juzgado de Paz.
“Es un compromiso de cooperación institucional que ya hemos venido coordinando, trata de brindar un soporte a la institución a fin de cumplir con las líneas de su gestión y permitir que los programas creados como Acceso a la Justicia, Justicia en tu Comunidad y el Observatorio Ambiental coincida con las líneas de trabajo de la cooperación que nosotros venimos desarrollando tanto en la zona de Pucallpa, como en las áreas naturales protegidas y las poblaciones indígenas de la región” sostuvo Quispe.

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La visita que se hará en el Juzgado será una técnica, donde participarán el jefe de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), Oscar Díaz y una arquitecta de la organización. “Iremos a Contamana en avioneta y luego en un deslizador llegaremos a Surayacu para ver cómo podemos enfocar ese apoyo, ya sea en infraestructura, potencial humano o implementación tecnológica”, comentó Torres.
Según el titular de la Corte a este juzgado “necesita de todo”, pero priorizará la implementación de comunicación, puesto que en dicha zona no tienen acceso a las redes de comunicaciones. “Vamos a empezar con infraestructura en los locales (…) Sarayacu es un lugar alejado donde de repente no entran los operadores de celulares y es por eso que tenemos un poco de falta de comunicación”, añadió.

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En el distrito se situaron seis comunidades nativas y dos localidades sin identificación. Conforme al registro de la Base de Datos de Pueblos Indígenas u Originarios del Ministerio de Cultura, estos son; Curarina, Nueva Cajamarca, San Rafael, San Raúl, Santa Rosa de Sarayacu, Santa Teresa, Atenas y 13 de Enero, respectivamente.
Cabe remarcar que los pueblos indígenas de las localidades son Shipibo-Konibo, Asháninka y Kukama Kukamiria.
“No sólo se apoyará en el tema de los juzgados, sino en el trabajo de la nueva gestión para que el derecho a la justicia pueda enfocarse en los pueblos indígenas con una perspectiva intercultural y mejorar la justicia para los delitos ambientales. Ayudará a toda la región y en las zonas de trabajo como el área protegida del Parque Nacional Sierra de Divisor y las comunidades de su alrededor”, comentó Quispe.


MARTHA ZACARIAS

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