Corte Superior de Justicia de Ucayali debe agilizar trámites relacionados a violencia familiar

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La oficina de la Defensoría del Pueblo en Ucayali requirió a la Corte Superior de Justicia de Ucayali reforzar la atención en el área de Mesa de Partes del Módulo de Familia, designando personal debidamente capacitado. Esto permitirá agilizar los trámites para el ingreso al sistema judicial de los escritos y oficios, remitidos por las diferentes comisarías, relacionados a temas de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar, así como medidas de protección, entre otros expedientes.
Ese requerimiento fue efectuado tras intervenir en caso de una mujer que habría sido víctima de feminicidio y advertir que, pese a que había presentado una denuncia policial por violencia familiar, que fue derivada al juzgado de familia el 4 de mayo de 2021 para que se dicten las medidas de protección respectivas, el documento no fue ingresado al sistema judicial sino hasta el 28 de junio, a pedido de la Defensoría del Pueblo.

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Asimismo, se pudo verificar la existencia de más de 200 expedientes que estaban pendientes de ser registrados en el sistema de mesa de partes.
Al respecto, la persona encargada de la mesa de partes refirió que la demora en el ingreso de los expedientes se debía a la falta de personal y de equipos, pues solo ella atiende todos los trámites que son recibidos en la modalidad presencial y virtual, y cuentan para ello con un escáner antiguo.
Además, indicó que no se daba abasto en el horario de trabajo porque también debe ingresar al sistema judicial los escritos que llegan por correo electrónico y, finalmente, señaló que no fue capacitada para el manejo de mesa de partes.
En una visita realizada el 1 de julio a dicho módulo judicial, la oficina de la Defensoría del Pueblo pudo constatar la existencia de personas en la cola, así como efectivos policiales de las comisarías de Callería, Yarinacocha y San Fernando, que se quejaban por la atención retardada e ineficiente.

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Ellos aseguraban que dejaban los escritos relacionados a investigaciones de violencia familiar y medidas de protección, entre otros, pero les entregaban los cargos recién al día siguiente o hasta un mes después.
Ante esta situación, la oficina defensorial expresó su preocupación por la presunta omisión en la función de los servidores de los diferentes niveles que tienen la responsabilidad del buen funcionamiento de mesa de partes del Módulo Corporativo de Familia, pues la situación lesiona los derechos fundamentales, como el debido proceso y la tutela jurisdiccional efectiva, consagrados en el artículo 139, inciso 3, de la Constitución Política del Perú.
Esta omisión tendría, en algunos casos, un impacto negativo más severo, como la privación del derecho fundamental a la vida e integridad física, pues por cuestiones administrativas se estaría privando de las medidas de protección a mujeres que son víctimas de violencia familiar.

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Esta situación se reflejó en el lamentable caso de la mujer cuyo pedido estuvo en la mesa de partes 54 días sin tramitarse ni resolverse; cabe indicar que ella perdió la vida presuntamente víctima de feminicidio, crimen que pudo evitarse con medidas de protección adecuada y oportuna.
Ante ello, la Defensoría pidió a la Corte Superior de Justicia de Ucayali que evalúe la designación de dos personas para la atención en la referida mesa de partes, para así garantizar la entrega inmediata de los cargos generados a raíz del ingreso de escritos y oficios remitidos por las diferentes comisarías sobre temas de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar y medidas de protección, entre otros. Asimismo, requirió capacitar permanentemente al personal de mesa de partes del Módulo de Familia y cautelar y vigilar la pronta administración de justicia en los distintos órganos jurisdiccionales.

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