Exfuncionarios de Manantay enfrentan juicio por colusión

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En el tercer Juzgado Unipersonal Anticorrupción inició el juicio oral contra exfuncionarios de la Municipalidad de Manantay por corrupción de funcionarios en la modalidad de colusión. El Ministerio Público solicita 5 años de cárcel, mientras que la Procuraduría ha pedido medio millón de soles de reparación civil para los implicados.
Los imputados son: Manuel Joaquín Foza Nich, Javier Antonio Gazo Sandoval, Alfredo Flores Vargas, Wilson Raúl Villacorta Isuiza y Luis Wong Oñate, en calidad de autores; y contra Emilio Olórtegui Malafaya y Edwin Jipa Tinuay en calidad de cómplices extraneus. Todos están acusados por el delito de colusión y peculado doloso en agravio de la Municipalidad de Manantay, ocurrido en el año 2012, cuando el alcalde era Guillermo Chino Mori.
En la audiencia oral, se presentó el testigo Carlos Acosta Iconema, exregidor e informó que en julio del año 2010 se realizaron mantenimientos de seis calles por más de 2 millones de soles, sin ningún concurso público.
“El alcalde había advertido que esta obra representaba una inversión de 2 millones 600 mil soles aproximadamente y que se estaba haciendo por administración directa. Este proceso, yo advierto que fue irregular, porque no se realizó un concurso de selección como manda la ley”, dijo.

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El testigo manifestó que se produjeron dos hechos irregulares en la compra del material ligante: Primero que el proveedor lo ofertó a 7 soles el metro cúbico, pero en el concurso fue de 75 soles el metro y segundo, que la tierra de relleno lo sacaron de una calle, pero en el concurso lo pusieron precio. Agregó que estas “irregularidades” que detectó en ese entonces, lo puso de conocimiento en la comisaría de San Fernando. Asimismo, dijo que el proveedor de dicha obra mintió en sus documentos presentados. “En su expediente se visualizaba 20 facturas emitidas por esta persona, pero cuando pedí información a la Sunarp sobre la veracidad de estos documentos, la institución me respondió que esas facturas eran falsas por cuanto en pie de impresión consignaban un número de actualización que no había sido autorizado a Emilio Olórtegui Malafaya”.
El testimonio que dio Acosta Iconema es “prueba fundamental” que tendrá que tomar la jueza anticorrupción, Ana Bedoya, para dictaminar sentencia sobre este proceso que ha demorado 9 años para que llegue al juicio oral.
Para este caso, el Ministerio Público está solicitando 5 años de cárcel efectiva mientras que la Procuraduría Anticorrupción está solicitando 500 mil soles de reparación civil por “quebrantar los deberes de lealtad y el principio constitucional de fidelidad a los intereses públicos a los que están obligados los funcionarios y servidores”.


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