Detectan perjuicio económico por consultorías sin sustento en Purús

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La Contraloría General de la República, mediante Informe de Control Específico N° 018-2020-2-2685-SCE, identificó que entre 2015 y 2019, es decir durante los periodos de gobierno edil de Domingo Ríos y Leerner Panduro, contrataron y cancelaron los servicios de formulación y actualización de instrumentos de gestión como, manual de organización y funciones, reglamento de organización y funciones, cuadro de asignación de personal y presupuesto analítico de personal, sin que exista la necesidad y contra la normativa de Servir. Asimismo, se compraron bienes que se entregaron a personal ajeno a la Municipalidad Provincial de Purús, causando un perjuicio económico total de 105 mil 904 soles al Estado. Se identificó que ninguna de las consultorías realizadas contó con un documento técnico sustentatorio o informe previo favorable que permita su autorización y ejecución, lo cual ocasionó un daño económico de 67 mil soles a la entidad.

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También se evidenció que dichos instrumentos de gestión, a la fecha de inicio del servicio de control, no contaban con acto resolutivo de aprobación, además que se pagaron con partidas presupuestales con cargo a la fuente de financiamiento de canon, sobrecanon, regalías, renta de aduanas y participaciones, en contra de la normativa vigente.
De acuerdo al Informe de Control Especifico N° 019-2020-2-2685-SCE, se efectuaron gastos para la adquisición de alimentos, bebidas, combustible y lubricantes que fueron otorgados a personal ajeno a la entidad, sin que exista ningún convenio para dicho fin y fuera del marco del Decreto de Urgencia N° 047-2020-PCM destinado a atender los gastos operativos esenciales de la emergencia causado por el Covid-19, ocasionando un perjuicio económico por S/ 38 104.00.
Se evidenció que los recursos fueron utilizados para atender las necesidades de efectivos policiales y militares que resguardaron la frontera con el vecino país de Brasil, sin que haya convenio alguno, y en contra de lo estipulado en el decreto de urgencia, el cual indica deben atender actividades principales como saneamiento rural, seguridad ciudadana, atención de emergencias y reducción de vulnerabilidad del Covid-19, y gestión de residuos sólidos de los gobiernos locales.


SIGRIDT RODRÍGUEZ

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