DE SEIS AÑOS DE PRISIÓN
En una decisión que marca un precedente en la lucha contra el crimen en el distrito judicial, Frank Anthony Ipushima Marín fue declarado, en segunda instancia, culpable por el delito de porte ilegal de arma de fuego. Tras un proceso judicial riguroso, el Juzgado Penal Unipersonal emitió una sentencia condenatoria, que ahora ha sido ratificada por la Primera Sala Penal de Apelaciones, conformada por los magistrados Frederic Rivera Berrospi, Hermógenes Lima Chayña y Marco Espíritu Matos.
Los hechos que llevaron a esta condena se remontan al 29 de octubre de 2022, cuando las autoridades policiales llevaron a cabo un operativo para prevenir actividades delictivas en Yarinacocha. Durante el operativo, Ipushima Marín fue sorprendido por agentes mientras intentaba huir y se refugiaba en su vivienda.
Al registrar la casa, como parte del procedimiento, los agentes descubrieron una pistola de calibre 9 milímetros y 9 municiones en la habitación de Ipushima Marín. A pesar de sus intentos por justificar la procedencia del arma, las pruebas presentadas durante el juicio demostraron su responsabilidad en la posesión ilegal de armas de fuego.
Durante el proceso judicial, la defensa del acusado cuestionó la validez de algunas pruebas, incluyendo el protocolo de intervención policial. Sin embargo, el tribunal determinó que el procedimiento se ajustó a derecho y que las pruebas presentadas fueron contundentes en establecer la culpabilidad de Ipushima Marín.
Sin embargo, la revisión de la sentencia mostró una adecuada valoración de los medios probatorios, como la existencia y operatividad del arma de fuego y las municiones; además, el acusado no contaba con licencia para poseer el arma, lo que confirmó su ilicitud. Todo esto había quedado registrado en el acta de intervención policial y las declaraciones de los testigos.
La sentencia impuesta por el tribunal consiste en una pena privativa de libertad de seis años, que deberá cumplir de manera efectiva. Además, se le ha impuesto el pago de una reparación civil de mil soles a favor del Estado como compensación por los daños ocasionados.
