Cuando la Contraloría realizó una auditoría de cumplimiento a la municipalidad provincial de Coronel Portillo, a las amnistías a las multas impuestas por infracción al reglamento nacional de tránsito, investigando en el período 2018 al 2023, encontró que funcionarios y servidores municipales, mediante ordenanzas municipales y decretos de alcaldía propiciaron la aprobación de campañas de amnistía otorgando descuentos a infracciones muy graves, contraviniendo las normas aplicables a estos casos. La Contraloría ha recomendado acciones administrativas y civiles a los funcionarios comprometidos en esta irregularidad.
El abogado Manuel Rojas Aliaga, gerente de asesoría jurídica de la MPCP, ha indicado que, en cuanto tomaron conocimiento del tema, dejaron de emitir ordenanzas en materia de tránsito y dejó entrever que, en cualquier caso se transgredan las normas, debidamente comprobado y documentado, durante la gestión Castagne, a la alcaldesa no le temblará la mano para sancionar.
EL INFORME
La información detallada está en el Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 06-2024-0-0477-AC, de fecha 31 de mayo último y fue hecho de conocimiento de la autoridad municipal.
La auditoría ha indagado sobre la promulgación de amnistías, desde el 4 de enero del 2018 al 27 de abril 2023, es decir desde el último año de la gestión del ex alcalde Antonio Marino Panduro, toda la gestión de Segundo “Pepe” Pérez Collazos y el primer año de la gestión actual de Janet Castagne quien suspendió las amnistías.
Las áreas que investigó la Contraloría fueron: Gerencia de Seguridad Ciudadana y Transporte Urbano, Sub gerencia de tránsito y transporte urbano y Gerencia de Asesoría Jurídica.
La Contraloría ha encontrado que el hecho de que funcionarios y servidores de la municipalidad de Coronel Portillo hayan propuesto y aprobado campañas de amnistías reduciendo el valor de las multas que deberían pagar las faltas consideradas “muy graves”, ampliando su período vigencia, contraviene las normas aplicables a estas infracciones y afecta la recaudación municipal, al tiempo que se ve afectado el cumplimiento de las políticas de transporte y tránsito terrestre
Con esas acciones la municipalidad dejó de recaudar alrededor de 3 millones 349 167.00 soles.
El artículo 336 del Texto Único Ordenado (TUO) del Reglamento Nacional de Tránsito, ya otorga descuentos a los infractores con papeleta entre el 17 al 33% que pagan cumpliendo mínimos requisitos. Pero aclara que el beneficio no se aplicará a las infracciones calificadas como M, entre las cuales está conducir habiendo bebido licor.
Los funcionarios de la municipalidad no tomaron en cuenta esa norma y propiciaron amnistías con descuentos del 80%, 85%, 90% y 95%, que, indudablemente no estaba permitido. Sin embargo, cuando les consultaban sobre el tema, esos funcionarios otorgaron opinión favorable para ampliar la amnistía.
Un caso. El 4 de enero del 2019, la señora Linda Karen Mimbela Pezo, responsable (e) del área de control de infracciones, propuso al señor Walter Fredy Capcha Limaylla, sub gerente de tránsito y transporte de la MPCP, una campaña de amnistía que promovía beneficios de descuento de pago por deudas pendientes de pago por multas impuestas desde el 1 de enero del 2018, hasta un día antes de la publicación de la ordenanza. Proponía beneficiar a los infractores con el 95% de descuento. Otro funcionario, Pablo Alfonso Muñoz Velásquez, especialista normativo de la Sub Gerencia de Tránsito y Transporte Urbano, dio opinión favorable para descontar las multas. El trámite fue remitido al abogado Esteban Soto Macedo, quien opinó que era legalmente viable el proyecto de ordenanza.
Los funcionarios no tomaron en cuenta que la municipalidad no tiene competencia para otorgar rebajas o condonar multas provenientes de las PIT o papeletas de infracciones de tránsito, competencia que corresponde al gobierno central.
De esa manera, el proyecto, llegó a la Gerencia de Asesoría Jurídica de la MPCP, entonces a cargo del abogado Guillermo Antonio Lobo Aguinaga, quien sin advertir que contravenía la ley, opinó que era favorable para ser aprobado por el concejo municipal. El tema pasó a la comisión de transportes, presidida por el regidor José Miguel Reátegui Urresti, quien presentó el proyecto de ordenanza al alcalde Según Pérez Collazo, con observaciones por el incremento de los porcentajes de amnistía a las multas. Levantadas las observaciones y devuelto el expediente a la Comisión de Transportes, requiriendo que sea tratado en la próxima sesión. El 26 de junio de 2019, el alcalde Segundo Pérez Collazos, suscribió la ordenanza que aprobaba el beneficio del descuento, desde el 80 al 90 por ciento.
Casi de inmediato 115 infractores se acogieron al descuento y en ese momento, la municipalidad dejó de recaudar los primeros 99 mil 260.20 soles.
Y luego seguirían otras ordenanzas y ampliaciones de ordenanza, todas ellas con descuentos sin base normativa. Y hubo menos recaudación
FUNCIONARIOS COMPRENDIDOS
Los funcionarios comprometidos en la investigación, señalados por la Conraloría son: el abogado Guillemo Antonio Lobo Aguinaga, gerente de Asesoría Jurídica. Imelda Meissa Rodríguez Pezo, gerente de asesoría jurídica. Pablo Alfonso Muñoz Velásquez, especialista en tránsito de la SGTTU. Eudes Justo Medina Pillaca, abogado de la SGTTU. Geydi Pinedo Dominotti, abogada y Estebán Soto, también abogado.
RECOMENDACIONES
La Contraloría ha encargado a la Procuraduría de la Contraloría que inicie acciones civiles contra los funcionarios designados líneas arriba.
MUNICIPALIDAD SE PRONUNCIA
El abogado Manuel Rojas Aliaga, gerente de asesoría jurídica de la MPCP, ha explicado que:
“El Informe de Auditoría N° 026-2024, abarca el periodo comprendido del 4 de enero de 2018 al 27 de abril de 2023, a razón de la emisión de Ordenanzas municipales y decretos de alcaldía que aprobaron campañas de amnistías tributarias, que otorgaron descuentos a papeletas de infracción de tránsito de las categorías muy graves, teniendo en consideración que las municipalidades provinciales no tienen competencia para efectuarlos.”
Agrega que: “Habiéndose tomado conocimiento que no teníamos competencia para otorgar dichas amnistías, es que se ha coadyuvado al órgano de control institucional en su labor de auditoria proporcionado toda la documentación que nos han requerido para su labor, no emitiéndose desde dicha fecha alguna ordenanza en materia de tránsito respecto a amnistías tributarias.”
También dijo que: “Conocedores de la labor del órgano de control, y como gestión transparente que desarrolla su trabajo dentro de los parámetros legales, por supuesto que la Municipalidad (de Coronel Portillo) implementará todas las recomendaciones efectuadas por la Contraloría General de Republica, siendo una de nuestras primeras actuaciones, poner de conocimiento de la Secretaria Técnica de la Entidad el Informe de Auditoría N° 026-2024, para que este ente técnico dentro de sus funciones proceda a efectuar el deslinde de responsabilidades correspondientes, con su consecuente sanción, de corresponder.”
Finalmente dijo que: “Debemos incidir que la Gestión de nuestra Alcaldesa Janet Castagne siempre recalca que nuestro trabajo se realice con apego a Ley, y en caso de detectarse situaciones adversar o las mismas sean advertidas por el órgano de control o por la propia ciudadanía, no dudaremos en tomas acciones necesarias para corregirlas.”
