La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que preside el magistrado Frederic Rivera Berrospi, e integran los jueces superiores titulares confirmó la sentencia de seis años de pena privativa de la libertad contra Douglas Ramírez Ochovano, quien fue hallado culpable del delito de tenencia ilegal de armas en agravio del Estado. Esta decisión también incluye la imposición de una reparación civil de mil soles, que deberá ser pagada a favor de la parte agraviada.
El colegiado no solo ratificó la sentencia, sino que también ordenó la ubicación y captura del sentenciado para su posterior internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Pucallpa. De esta manera, la Sala desestimó el recurso de apelación presentado por la defensa de Douglas Ramírez Ochovano, que buscaba anular el fallo condenatorio.
El 13 de febrero de 2020, alrededor de las 11:30 de la mañana, el policía Zharky Rengifo Ramírez de la comisaría de Atalaya recibió una llamada del Frente Policial de Puerto Inca informándole que la central de seguridad de riesgo de Lima había perdido conexión con la Caja Municipal de Huancayo, sede Atalaya. Rápidamente, el oficial se dirigió a dicha entidad financiera, constatando que se encontraba operando normalmente.
Mientras regresaba a la comisaría, Rengifo Ramírez observó en el jirón Purús una motocicleta desplazándose velozmente en sentido contrario. Procedió a intervenir al conductor, quien se identificó como Douglas Ramírez Ochovano. Este no tenía licencia de conducir, Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito –SOAT– ni tarjeta de propiedad, por lo que fue trasladado a la comisaría.
En la sede policial, durante el registro personal, se le encontró una pistola plateada marca Taurus, de fabricación brasileña, en regular estado de conservación con su respectiva cacerina abastecida con diez municiones.
Los efectivos policiales informaron del incidente a la representante del Ministerio Público, abogada Anita Alegría Díaz, de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Atalaya,quien dispuso la realización de actos urgentes debido a la comisión del delito contra la seguridad pública en la modalidad de peligro común, específicamente en la forma de fabricación, comercialización, uso o porte de armas.
Se procedió a recabar la declaración del detenido, quien se acogió al derecho de guardar silencio. Además, se llevó a cabo una pericia balística forense, que acreditó que la pistola en mención, estaba en regular estado de conservación y en condiciones normales de funcionamiento para su uso.