De 11 millones 326 mil 944 soles fue el perjuicio que la corrupción o mala gestión de los fondos públicos causaron al Estado y que dieron lugar a establecer presuntas responsabilidades por hechos irregulares en 117 funcionarios públicos de la región Ucayali.

Algunos de ellos han incurrido en más de una responsabilidad, por lo que, el total de responsabilidades identificadas son 222, de las cuales 53 son de tipo penal, 45 sujetas a la capacidad sancionadora de la Contraloría, 59 civil y 65 administrativas que serán sancionadas por la propia entidad a la que pertenecen.

Los procesos ya están en marcha.

Todo eso, sólo en el primer semestre de este año. ¿A cuánto ascenderán las cifras al terminar el 2024, dados los indicios de corrupción que se van presentando, de manera acelerada en diversas instituciones públicas? ¿Qué hará la Contraloría en los próximos seis meses para detener este perjuicio?

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¿Es imparable la corrupción en Ucayali?

Las cifras mencionadas, las dio a conocer ayer, en conferencia de prensa, el gerente regional de control de Ucayali, Julio Aliaga Silva, quien presentó y detalló el Informe de Gestión del Primer Semestre 2024, mientras anunció lo que harán en el segundo semestre.

EL CONTROL

Durante el primer semestre del año, la Contraloría realizó un total de 544 servicios de control, abarcando auditorías exhaustivas y acompañamiento directo a obras públicas. De esos 544 informes de control, 114 corresponden al control posterior que incluyen 3 auditorías de cumplimiento, 31 servicios de control específico y 80 acciones de oficio posterior. Es en estas acciones de control posterior, donde se encontraron responsabilidades civiles, penales y administrativas, así como el monto del perjuicio económico.

NO APRENDEN

Sin embargo, además de los servicios de control posterior, la Contraloría General realizó 430 servicios de control simultáneo de enero a junio de 2024. El control simultáneo se realiza durante la ejecución del proyecto o servicio para garantizar que se está respetando el expediente técnico y se estén siguiendo los procedimientos normados en las leyes.

Como resultado del control simultáneo, se identificaron 1097 situaciones adversas o riesgos que fueron comunicados a los gestores públicos, es decir a los titulares de las entidades para que adopten las medidas correctivas que correspondan.

Pero lo que está ocurriendo es que en 680 situaciones adversas (61.9%) no se adoptaron acciones para corregirlas, es decir, no han hecho ningún caso a las advertencias o alertas emitidas por la Contraloría.

Apenas 197 (17.9%) de las situaciones adversas fueron corregidas, 194 (17.6%) estarán en proceso de corrección y 26 (2.3%) fueron desestimadas, es decir no solo no hicieron caso, sino que consideraron que la Contraloría no tendría la razón.

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Las autoridades o funcionarios, no entienden que al no corregir o prevenir las situaciones adversas, están abonando la posibilidad que, en un control posterior, tengan que enfrentar responsabilidades administrativas, civiles y penales, en un futuro no muy lejano.

En el caso de la UNIA, por ejemplo, cuando Contraloría identificó que se habría producido la elección irregular de un estudiante, las autoridades universitarias reaccionaron pidiendo una investigación a la OCI de dicha universidad, autora del informe. El caso está latente.

INFORMES EMBLEMÁTICOS

Aliaga Silva mencionó algunos informes de control posterior, emitidos en el primer semestre 2024, que considera emblemáticos.

Por ejemplo, la formalización de propiedad agraria en el distrito de Masisea. En el período 2015-2018, se formalizó y tituló predios rurales en el sector carretera Masisea-Imiría, a pesar de que dicha zona era de predominante cobertura boscosa, en territorios de comunidades nativas y área de conservación. Como resultado de esta acción irregular, se perdieron 3,316 hectáreas de terreno y 490 hectáreas de bosques de propiedad del Estado, con implicaciones graves para la conservación ambiental y los derechos de las comunidades nativas. En este caso, seis funcionarios de la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, están implicados en responsabilidad penal. El informe se emitió el 4 de noviembre del 2023.

Sin embargo – aunque no lo dijo la Contraloría – otros funcionarios insisten en “formalizar y titular” áreas rurales en Masisea, despertando una reacción adversa de las poblaciones indígenas. Ayer, los comuneros de Caimito, hicieron un plantón frente a la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, en un conflicto con los menonitas que se hicieron de tierras, “comprando” a los “formalizados y titulados” que, al parecer se vuelven a “posesionar” de otras tierras para pedir titulación, en un clásico movimiento de tráfico de tierras.

Otros casos son: el de amnistías a multas impuestas por infracción al reglamento de tránsito. Seis funcionarios tienen responsabilidad administrativa. El de la compra de transformadores eléctrico que no se usan: Dos funcionarios tienen responsabilidad administrativa y civil. En el caso de la contratación del servicio de mejoramiento y rehabilitación del servicio de agua potable en la provincia de Purús, están implicados ocho funcionarios, dos de los cuales tienen responsabilidad administrativa y penal. En el caso de la UGEL Atalaya, donde desembolsaron dinero a 13 personas que luego se lo entregaban al jefe de presupuesto y tesorero, hay seis funcionarios con responsabilidad penal y administrativa.

SEGUNDO SEMESTRE

La Contraloría planea intensificar sus actividades de control durante el segundo semestre del año, duplicando los servicios de vigilancia.

Harán control posterior del expediente de saldo de obra del Hospital Regional de Pucallpa. También habrá un control posterior de las contrataciones de docentes en las cuatro Ugeles. Control posterior sobre funcionarios impedidos de contratar con el Estado. Eso significa que se establecerán responsabilidades.

Entre tanto, se continuará el control simultáneo sobre principales obras en salud, educación y saneamiento.

Es decir, hasta fin de año, se esperan verdaderas sorpresas.