La Contraloría General de la República ha identificado irregularidades en la contratación de personal en la Municipalidad Distrital de Boquerón, Juan Deennis Pinedo Rodríguez revelando que funcionarios de dicha entidad han incumplido la normativa vigente al contratar a la cuñada del actual gerente municipal. Esta contratación vulnera claramente lo estipulado en la Ley de Contrataciones con el Estado, específicamente en el artículo 11, literales E y H.
Según el Informe de Acción de Oficio Posterior N° 19884-2024-CG/GRUC-AOP, la cuñada del gerente municipal, Lizbeth Suyana Montoya Aquino, fue contratada bajo la modalidad de locación de servicios desde enero hasta octubre del 2023. Durante este periodo, desempeñó funciones como asistente administrativa en la gerencia de planeamiento y presupuesto. Es importante resaltar que la normativa vigente impide a los parientes hasta el segundo grado de afinidad de los funcionarios públicos contratar con el Estado durante el ejercicio del cargo y hasta 12 meses después de haber culminado el mismo.
El funcionario implicado, Pinedo Rodríguez, fue designado como gerente de administración y finanzas el 2 de enero de 2023 mediante resolución de alcaldía, y posteriormente, el 23 de febrero de 2023, asumió el cargo de gerente municipal, posición que mantiene hasta la fecha. Esta designación y la posterior contratación de su cuñada levantan serias dudas sobre el cumplimiento de los principios de transparencia y probidad que deben regir en la administración pública.
Durante una entrevista realizada el 24 de abril del 2024, el gerente municipal admitió conocer a la persona contratada, ya que es hermana de su conviviente. Además, se verificó que tanto el funcionario como su cuñada registraron en su ficha del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) la misma dirección de vivienda. Este hecho corrobora aún más la relación familiar y pone en evidencia el incumplimiento de la ley.
La Ley de Contrataciones con el Estado es clara al establecer que el cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de los funcionarios públicos no pueden contratar con el Estado durante el ejercicio de su cargo. Este impedimento busca evitar conflictos de interés y garantizar la transparencia en la gestión pública.