El Poder Judicial (PJ) ha decidido anular la acusación penal presentada contra el expresidente Alberto Fujimori en relación con el caso de las esterilizaciones forzadas, uno de los episodios más polémicos de su gobierno.
Mediante la Cuarta Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria, el PJ anuló el «auto de apertorio de instrucción», lo que significa que se dejan sin efecto las diligencias y actos procesales llevados a cabo durante casi tres años, entre 2021 y 2023.
Anulación de la acusación contra Fujimori
La resolución del PJ también desestimó la apelación presentada por el Ministerio Público, que buscaba mantener vigente la acusación contra Fujimori. La Sala Superior ratificó la decisión del juzgado de primera instancia, devolviendo el expediente a la Fiscalía para que el caso sea ajustado al Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) y se emita un pronunciamiento conforme a la ley.
Es importante destacar que el proceso contra Alberto Fujimori había estado paralizado mientras se esperaba la ampliación de su extradición desde Chile. En junio de este año, la Corte Suprema de Chile aprobó la ampliación de la extradición para que Fujimori sea juzgado por el caso de esterilizaciones forzadas.
Contexto del caso de esterilizaciones forzadas
Se estima que alrededor de 270,000 mujeres peruanas, muchas de ellas indígenas y de bajos recursos, fueron sometidas a esterilizaciones como parte del Programa Nacional de Salud Reproductiva y Planificación Familiar implementado por Fujimori durante los últimos cuatro años de su gobierno. Aunque las autoridades en su momento afirmaron que las cirugías se realizaron con el consentimiento de las mujeres, más de 2,000 de ellas han denunciado lo contrario.
El caso también involucra a los exministros Eduardo Yong, Marino Costa y Alejandro Aguinaga, quienes podrían ser juzgados por su participación en estas políticas.
Preocupación de la CIDH
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha expresado su preocupación por la decisión del Poder Judicial de anular la apertura del proceso contra Alberto Fujimori. La CIDH ha instado al Estado peruano a tomar medidas para garantizar el acceso a la justicia y la reparación para las víctimas de las esterilizaciones forzadas y otras violencias relacionadas.
Esta anulación marca un nuevo capítulo en el complejo y controversial caso de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Alberto Fujimori, con implicaciones significativas para las víctimas y el sistema judicial peruano.
