El Cuarto Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, bajo la dirección de la jueza Melina Díaz Acosta, dictó nueve meses de prisión preventiva para Edson Paredes Piñeyros, quien es investigado por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas en perjuicio del Estado Peruano. La detención ocurrió luego de que la policía lo interceptara mientras transportaba 1.254 kilogramos de pasta básica de cocaína (PBC) en un motocarro en el Puerto del Malecón Grau, en Pucallpa.
La intervención policial fue realizada el 27 de mayo de 2024, tras recibir una alerta anónima sobre el posible transporte de drogas en la zona. Durante la detención, Paredes Piñeyros mostró signos de nerviosismo y, según los agentes, admitió su responsabilidad con la frase «ya perdí, jefe». Junto a él, fue detenida Katya Cassandra Shuña Pérez, quien lo acompañaba con un bebé.
VER TAMBIÉN: Huawei capacita a universitarios peruanos en inteligencia artificial y cloud computing
La resolución judicial se fundamenta en la solicitud presentada por la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas. Entre los elementos presentados por la fiscalía se encuentran el acta de intervención policial, el acta de registro y comiso de la droga, la incautación de S/ 264 y las declaraciones de los agentes involucrados. Además, las pruebas de campo confirmaron la presencia de PBC en la sustancia incautada.
Argumentos de la prisión preventiva
La fiscalía justificó la medida de prisión preventiva destacando la gravedad del delito, que según el Código Penal peruano, conlleva una pena mínima de ocho años y hasta quince años de prisión. La flagrancia del delito y la posibilidad de una condena mayor a cinco años también fueron argumentos clave para la solicitud.
Además, se señaló el peligro procesal debido a la falta de arraigo domiciliario, familiar y laboral del imputado. Paredes Piñeyros no pudo acreditar un domicilio fijo, ni vínculos familiares o laborales que aseguren su permanencia en el proceso. También se argumentó el riesgo de obstaculización de la justicia, ya que no brindó información sobre posibles cómplices y presentó actitudes que podrían interferir en la investigación.
El Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria determinó que la prisión preventiva era una medida adecuada y proporcional para garantizar el correcto desarrollo del proceso penal, evitando la fuga del imputado y asegurando su disponibilidad durante todo el procedimiento judicial.
