El Ministerio Público ha manifestado su rechazo a la Ley 32108, que introduce modificaciones en el Código Penal y otras normativas relacionadas con organizaciones criminales. La entidad ha decidido presentar una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley, promulgada por el Congreso y publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de agosto.
En un comunicado, la Junta de Fiscales Supremos expresó su desacuerdo con la nueva legislación, la cual, según el Ministerio Público, contradice la Convención de Palermo, ratificada por el Perú. Esta convención internacional no exige ningún requisito relacionado con la obtención de una cadena de valor de una economía o mercado ilegal, en contraste con lo estipulado por la controvertida ley.
Modificaciones y críticas
La Ley 32108 modifica leyes como la Ley 30077 contra el crimen organizado y la Ley 27379, que regula medidas excepcionales en investigaciones preliminares. Estas modificaciones pretenden definir las características que tipifican a una organización criminal, estableciendo requisitos como una «estructura desarrollada y mayor capacidad operativa» y la comisión de «delitos graves sancionados con más de seis años de prisión».
El Ministerio Público subrayó que estos nuevos requisitos reducen la capacidad operativa para la persecución penal y podrían significar un retroceso en las investigaciones y procesos penales en curso. La Junta de Fiscales Supremos advirtió que la ley podría debilitar los estándares alcanzados en la lucha contra el crimen organizado, afectando tanto casos en proceso como aquellos ya sentenciados.
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Demanda de inconstitucionalidad
En respuesta, la Junta de Fiscales Supremos ha decidido, a través del Fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, interponer una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. Esta acción se basa en el artículo 203 de la Constitución y en concordancia con el artículo 98 del Código Procesal Constitucional y el artículo 66 de la Ley Orgánica del Ministerio Público.
El Ministerio Público reafirmó su compromiso con la defensa de la legalidad, la lucha contra el crimen organizado y el respeto a los tratados internacionales suscritos por el Perú.
Rechazo a ley sobre delitos de lesa humanidad
Además, el 12 de agosto, el Ministerio Público rechazó una reciente ley promulgada por el Congreso que regula la prescripción de delitos de lesa humanidad. Anunció que presentará una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, argumentando que la normativa afecta negativamente la defensa de los derechos humanos y no cumple con los estándares internacionales aceptados por el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos.
La Fiscalía subrayó que la ley compromete la autonomía e independencia de los magistrados y obstaculiza las investigaciones en casos de especial gravedad, como Madre Mía, Humaya Chambara, y Lurigancho, entre otros, generando un serio riesgo de impunidad.