En audiencia de revocatoria de pena, el juez Freddy Elmer Aricoche Muñoz, del Juzgado de Paz Letrado Penal de Callería, dictó prisión efectiva de 37 días para una ciudadana de iniciales S. M. L. F. Esta medida fue adoptada luego que la condenada incumpliera reiteradamente con las jornadas de trabajo comunitario que le fueron impuestas en una sentencia previa, emitida tras haber agredido e insultado a su vecina, de iniciales A. A. V. E.
El caso se remonta al 25 de mayo de 2022, cuando S. M. L. F. fue sentenciada por el Juzgado de Paz Letrado Penal de Callería por los delitos de maltrato y lesiones dolosas en perjuicio de A. A. V. E. La sentencia determinó que la condenada debía cumplir un total de 90 jornadas de servicio comunitario: 50 por maltrato y 40 por las lesiones dolosas causadas a la víctima. Además, se le impuso una reparación civil de 250 soles a favor de la vecina agraviada.
A pesar de haber sido notificada formalmente de la sentencia, S. M. L. F. no cumplió con las obligaciones impuestas. Durante 2022, el Instituto Nacional Penitenciario informó al juzgado que la sentenciada mostraba resistencia al no presentarse para cumplir con las jornadas de servicio comunitario. En respuesta, el juez emitió varias resoluciones advirtiendo que la pena sería convertida en privativa de libertad si no se cumplían las jornadas establecidas.
El 30 de abril de 2024, tras múltiples intentos de reprogramación, S. M. L. F. finalmente inició las jornadas de servicio comunitario en la Institución Educativa Inicial 386 Manon Quane, en el distrito de Manantay Sin embargo, la sentenciada solo asistió a tres de los seis días programados, lo que provocó nuevas advertencias por parte del juzgado. La Oficina de Medio Libre del INPE y la directora de la Institución Educativa confirmaron que la sentenciada había dejado de asistir injustificadamente a las jornadas, situación que fue decisiva en la audiencia de revocatoria de pena.
En dicha audiencia, el juez Aricoche Muñoz evaluó los informes presentados y concluyó que S. M. L. F. había incumplido de manera reiterada y sin justificación las obligaciones impuestas por la sentencia original. Ante esta conducta, el juez decidió revocar la pena de jornadas de servicio comunitario y convertirla en una pena de prisión efectiva de 37 días.
El conflicto entre ambas mujeres se originó el 1 de marzo de 2021, cuando, según la denuncia presentada, la mujer agraviada se acercó a las oficinas de serenazgo de la Municipalidad de Coronel Portillo para solicitar un informe sobre un incidente previo. Mientras esperaba en su domicilio, observó que el serenazgo intervenía en un bar cercano, propiedad de la mujer agresora. La víctima comenzó a grabar la intervención desde su vereda, lo que provocó la ira de los familiares de S. M. L. F., y a la posterior agresión física y verbal a la denunciante.