Las economías ilegales en Perú están en rápido crecimiento, con consecuencias cada vez más preocupantes para la seguridad y estabilidad del país. Según el Instituto Peruano de Economía (IPE), estas actividades ilícitas generan aproximadamente US $9.800 millones anuales, lo que representa el 3,7% del PBI en 2023, una cifra que supera al sector turístico y se aproxima al sector financiero.
Minería ilegal y narcotráfico: Los motores principales
La minería ilegal y el narcotráfico son los principales contribuyentes a este incremento. La minería ilegal de oro, en particular, representa 40% del valor total de estas economías. En el último año, la exportación ilegal de oro alcanzó los US $4.800 millones, con un volumen de 77 toneladas, una cifra alarmante comparada con hace dos décadas. Este aumento refleja la expansión sin control de las actividades mineras ilegales en zonas como la triple frontera entre Perú, Brasil y Colombia.
Cultivos ilícitos de coca: Un nuevo reto para el Perú
El cultivo de coca, vinculado al narcotráfico, ha experimentado un aumento significativo. Entre 2015 y 2023, la superficie dedicada a estos cultivos pasó de 40 mil a 93 mil hectáreas, contrarrestando años de esfuerzos en erradicación. Además, la productividad por hectárea casi se ha duplicado en los últimos 30 años, debido a técnicas como el uso de agroquímicos y riego tecnificado en regiones como el Vraem.
Reducción del presupuesto: Un obstáculo en la lucha contra la ilegalidad
A pesar de este escenario preocupante, el presupuesto estatal para combatir las economías ilegales ha disminuido drásticamente. Desde 2019, los recursos destinados a la minería ilegal han caído 34%, mientras que el presupuesto para luchar contra el narcotráfico ha disminuido 10% en la última década. Esta reducción presupuestaria afecta directamente la capacidad del Estado para combatir actividades ilícitas y garantizar la seguridad.
La captura del Estado: Un riesgo creciente
Expertos señalan que las economías ilegales están comenzando a influir en la política peruana, financiando a candidatos y moldeando legislaciones a su favor. Esta situación podría tener un impacto negativo en la gobernabilidad del país, debilitando las instituciones democráticas y fomentando la corrupción.
Soluciones urgentes
Frente a esta realidad, los especialistas del IPE y el IEP recomiendan fortalecer el presupuesto para enfrentar estas actividades ilícitas. También se deben establecer metas claras y coordinadas desde el Ejecutivo, en colaboración con el Congreso, la Policía Nacional y el Ministerio Público.
El crecimiento de las economías ilegales en Perú representa uno de los mayores desafíos para el país, y la falta de recursos y de una estrategia clara compromete la estabilidad a largo plazo.
