La revocatoria, derecho constitucional, se habría distorsionado hasta convertirse en el oscuro negocio de la extorsión o chantaje político. Revisando el caso del incidente protagonizado hace poco en Yarinacocha, quizá el ministerio público debería intervenir en defensa de los ciudadanos, para esclarecer lo que verdaderamente ocurrió. Siempre hay una pregunta difícil: ¿A quién favorece la revocatoria? Lo cierto es que ese proceso desestabiliza una gestión y termina perjudicando a la población.
El incidente protagonizado hace pocos días en Yarinacocha, sobre el proceso de revocatoria a su alcaldesa, ha mostrado el lado oscuro de este proceso. Y, si bien se trata de un derecho constitucional, a la luz de experiencias anteriores, la revocatoria sólo ha servido para desestabilizar una gestión y crear problemas en la atención de los servicios que requiere una población, pues la autoridad distrae su tiempo en responder las acusaciones. Siempre hay una pregunta canalla: ¿Cómo o quién financia un proceso de revocatoria y con qué objetivo? Si dicen que es para beneficiar al pueblo, eso no es tan cierto, porque el proceso es largo y, al final, si se produce la revocatoria habrá elecciones complementarias, detrás de la cuales siempre estarán los candidatos que perdieron las elecciones anteriores. El tema del intercambio de versiones entre dos personajes yarinenses, se presta también para una intervención del ministerio público, en defensa del derecho de los ciudadanos cuya voluntad no puede ser manipulada.
LA PREGUNTA QUE SE HACEN LOS CIUDADANOS ES: ¿A QUIÉN FAVORECE LA REVOCATORIA?
Derecho a revocar a una autoridad se vería ensombrecida por oscuros intereses.
Si bien la revocatoria de autoridades es un derecho que recoge la Constitución Política de 1993, vigente, en la práctica sería utilizada o como un arma de venganza política o como un instrumento de oscuros negociados que hacen desconfiar de los que lideran una revocatoria.
Efectivamente, el artículo 2° de la Constitución, dice: “Toda persona tiene derecho (…): 17.- A participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades, de iniciativa legislativa y de referéndum.”
Lo reitera el artículo 31 de la misma Constitución: Dice: “Los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos mediante referéndum iniciativa legislativa; Remoción o revocación de autoridades y demanda de rendición de cuentas (…)”
EL PROCESO
Sin embargo, revocar a una autoridad, no es tarea fácil. Para comenzar, el revocador tiene que solicitar la adquisición de un kit de revocatoria, para lo cual tiene que fundamentar el motivo de la revocatoria y pagar la suma de 87 soles con 50 centavos. Luego debe esperar que aprueben su solicitud y autoricen la entrega del kit, al revocador. Allí comienzan sus gastos.
Después de eso, comienza su tarea de conseguir el 25 por ciento de firmas del padrón electoral del distrito, provincia o región que quiere revocar. Una vez que consigue el número de firmas requerido, tiene que presentarlas para que la Subgerencia de Verificación de Firmas y Apoyo Técnico Electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) verifique la autenticidad de las firmas recolectadas.
Si el Reniec considera que se ha completado el número de firmas válidas, entonces el promotor recién presenta, en la ONPE, la solicitud de revocatoria, anexando copias de la “Constancia del proceso de verificación de firmas de adherentes” y del “Acta de etapa de verificación automática y semiautomática”, ambas expedidas por el Reniec.
Pero allí no queda el trámite.
La ONPE tendrá un plazo no mayor de 30 días para resolver si procede o no la solicitud de revocatoria. En caso de que ONPE deniegue la revocatoria, el revocador presentaría un recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el cual resuelve dicho recurso en un plazo no mayor de 15 días calendario. Contra la resolución del JNE, ya no procede recurso alguno de impugnación.
Terminado ese proceso, recién el JNE convoca a consulta popular para las solicitudes que han sido admitidas.
Entonces comienza otra etapa para el promotor de la revocatoria: tiene que hacer campaña electoral para que la población marque el Sí diciéndole a la autoridad que deje el cargo. Pero tendrá que ganar el sí, no por mayoría simple, sino porque debe asistir a votar más del 50% de los electores hábiles de una circunscripción. Si no acude a votar ese significativo número de ciudadanos, la elección no tiene validez.
Los revocadores deben saber que la fecha de elección de la revocatoria ha sido fijada para realizarse el 8 de junio del 2025. Es decir, dentro de 10 meses más o menos.
¿DE DÓNDE PECATA?
Entonces las preguntas caen de maduras: ¿De dónde, los revocadores van a sacar o sacan dinero para todo este largo proceso prácticamente una campaña con activistas?
Allí es cuando se especula que, para tener fondos, acuden a algunos interesados o también que, después de conseguir varios planillones de firmas, estas ni siquiera llegan al Reniec o la Onpe porque se produce un “oscuro negocio”, defraudando a los que firmaron.
Al parecer, ocurre que el o los promotores de la revocatoria, aprovecharían un sentimiento de frustración contra una autoridad a la que se percibe como alguien que no está haciendo nada para cumplir sus responsabilidades y solucionar las necesidades de los pobladores. Ese sentimiento es utilizado para recoger firmas, luego presentar la solicitud de revocatoria y, finalmente revocar.
Revocada la autoridad, asumiría el cargo, quien sigue en la lista, hasta que se convoque a elecciones complementarias.
¿Quién o quiénes le dan soporte económico a esa campaña? ¿Y por qué lo hacen? ¿Qué intereses hay detrás de cada revocador? ¿Amor al pueblo?
UN CASO
El 8 de agosto, tras un rociado almuerzo, los partidarios de la revocatoria, convocados por Yuri Swidin en Yarinacocha, salieron a recoger firmas para revocar a la alcaldesa Pochita Rodríguez. Sólo necesitarían recoger 19 mil firmas válidas, pero el promotor de la revocatoria, dijo que van a recoger 40 mil firmas, para asegurarse que se produzca la revocatoria. Habló con mucha seguridad.
Horas después Decio Rabanal, actual administrador del mercado de Yarinacocha, declaró a algunos medios (luego que Swidin difundió un audio) que el empresario lo había citado (valiéndose de la amistad que tienen) para encargarle que lleve un mensaje a la alcaldesa. Pedía 300 mil soles para que deje sin efecto el proceso de revocatoria. “Aquí no soy solo, aquí hay 6 personas que conformamos el grupo” le habría dicho Swidin a Rabanal quien proporcionó algunos nombres de personas a las que les correspondería 50 mil soles por este “negocio”.
Por supuesto que Swidin ha negado haber pedido dinero, sino que Rabanal le habría presionado para que abandone el proceso de revocatoria. “El ha inventado una peliculita… lo han usado como carne de cañón, lo han sacrificado”, dijo Swidin. Agregó que los nombres mencionados por Rabanal, no tienen nada que ver con la revocatoria.
De los mencionados, Jesús Araujo, anunció que denunciaría a Rabanal y lo acusó de haber falsificado documentos y de que no contaría con el perfil para ser administrador del mercado. Le pidió a Rabanal que se retracte. “Tengo las ganas de llegar hasta la última instancia con esta querella”.
Rabanal ha insistido en que Swidin fue quien lo citó para hablarle de detener la revocatoria si le daban 300 mil soles en el mismo día
Sólo una investigación a fondo, llegará a establecer la verdad. Ojalá algún fiscal se anime a buscar indicios y evidencias. Utilizar un mecanismo legal, no puede prestarse a oscuros negocios.
Lo ocurrido, no es sólo un simple incidente, la desconfianza corroe a los ciudadanos yarinenses. Todo parece indicar que este proceso –que quiérase o no, desestabiliza una gestión– tendría un horizonte bastante complicado.
