Caso de corrupción incluye también a exfuncionarios.
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Padre Abad fijó para marzo de 2025 la audiencia de control de acusación contra el exalcalde de la Municipalidad Provincial de Padre Abad, Daniel Osiel Zegarra Macuyama, y sus exfuncionarios Mitchael Marino Gavilán Saavedra y Ángel Apagüeño Sánchez. A los mencionados se les imputan los delitos de colusión agravada y peculado, respectivamente, en un caso que también involucra a la actual consejera regional Lucerito Ondina Dávila Alvarado. Los hechos investigados exponen presuntos actos de corrupción relacionados con la adjudicación irregular de contratos y el uso indebido de recursos municipales.
La investigación se remonta a 2021, cuando el Ministerio Público presentó una acusación formal contra Zegarra Macuyama y sus exfuncionarios por su supuesta implicación en un esquema de colusión y peculado relacionado con la adquisición de un motor hidráulico valorizado en 29 mil 900 soles, destinado a la localidad de Huipoca. Según la acusación, la compra habría sido direccionada para favorecer a Dávila Alvarado, entonces proveedora del municipio. En este esquema, habrían participado también el entonces subgerente de Logística, Ángel Apagüeño Sánchez, y el gerente de Administración y Finanzas, Mitchael Marino Gavilán Saavedra.
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Entre las pruebas más contundentes presentadas por la fiscalía se encuentran las comunicaciones extraídas del celular de Zegarra Macuyama. Estas revelan intercambios con un contacto identificado como «Lucerito», donde se sugiere que Dávila Alvarado solicitó favores para agilizar los pagos pendientes por parte del municipio, lo que refuerza la teoría de un acuerdo ilícito entre las partes involucradas.
Un punto clave en la investigación es el proceso de adquisición del motor hidráulico, iniciado el 25 de febrero de 2021, cuando Apagüeño Sánchez recopiló tres proformas de proveedores. Estas fueron presentadas el mismo día, con registros consecutivos, lo que generó sospechas sobre la legitimidad del proceso. Las empresas incluidas fueron Representaciones Generales Dávila (29 mil 900 soles), LYG EIRL (32 mil 150 soles), y Servicios J&E de Luis Bardales García (30 mil 500 soles). El Ministerio Público ha señalado que estas empresas no tenían el giro comercial adecuado para la venta de bombas hidráulicas, sugiriendo que el estudio de mercado fue manipulado para justificar la adjudicación del contrato a Representaciones Generales Dávila.
Las irregularidades en este proceso van más allá de la simple manipulación de precios. Se ha constatado que Representaciones Generales Dávila no estaba especializada en la venta de equipos hidráulicos, sino que adquiría estos productos de otros proveedores para luego revenderlos al municipio, generando un presunto sobrecosto innecesario. Además, las otras dos empresas, LYG EIRL y Servicios J&E de Luis Bardales García, tampoco contaban con la capacidad técnica para cumplir con los contratos adjudicados, lo que refuerza la teoría de que las licitaciones fueron simuladas para beneficiar a Dávila Alvarado.
El perjuicio económico generado por estos actos ilícitos en investigación asciende a 29 mil 900 soles únicamente por la compra del motor hidráulico. Sin embargo, el impacto total podría ser mayor, considerando otros contratos que presuntamente fueron asignados de manera irregular a Dávila Alvarado, tales como la adquisición de materiales de limpieza por 2 mil 825 soles; libros de actas por 5 mil 634 soles, y kits de limpieza por 5 mil 254 soles.
El Ministerio Público ha presentado una serie de pruebas que incluyen cuadros comparativos de precios, proformas, facturas, órdenes de compra y certificaciones presupuestales. Estas evidencias sugieren que las contrataciones fueron direccionadas a favor de Dávila Alvarado, a pesar de que su empresa no contaba con el giro comercial necesario para proveer los bienes y servicios contratados. Además, se ha presentado documentación que revela la ausencia de invitaciones formales a otros proveedores para participar en las licitaciones, lo que viola los procedimientos establecidos para la contratación pública.
