Indignación en la comunidad a provocado un vídeo en donde se aprecia a miembros del serenazgo del distrito de Nueva Requena cumpliendo funciones fuera de su rol habitual, generando así que la población solicite la inmediata intervención por parte de la Contraloría y la Fiscalía de Prevención del Delito.
El distrito de Nueva Requena, en la región Ucayali, se ha visto envuelto en un nuevo escándalo luego de que un video filtrado mostrara a tres miembros del Serenazgo municipal y una carpa de la municipalidad aparentemente siendo utilizados para brindar seguridad personal a la alcaldesa Liz Vásquez Mozombite. Según denuncias de vecinos, los serenos estarían desviando su labor de seguridad pública para actuar como guardaespaldas personales de la autoridad edil, algo que ha causado preocupación en la población.
La comunidad ha expresado su descontento y ha solicitado la intervención de la Contraloría General de la República y la Fiscalía de Prevención del Delito, exigiendo una investigación exhaustiva sobre el presunto uso indebido de recursos públicos. Este caso se suma a la preocupación creciente sobre la gestión municipal en Nueva Requena y la posible falta de transparencia en el manejo de los recursos.
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En el Perú, la Ley Orgánica de Municipalidades establece que los recursos y personal de Serenazgo deben estar destinados exclusivamente a la seguridad ciudadana, por lo que el uso de estos para funciones ajenas a su propósito podría constituir una infracción administrativa e incluso una falta penal.
Hasta el momento, la alcaldesa Liz Vásquez Mozombite no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones, mientras que los ciudadanos de Nueva Requena continúan exigiendo respuestas y acciones concretas. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), Nueva Requena es un distrito con cerca de 10,000 habitantes, que enfrenta diversos problemas de seguridad, lo que aumenta la relevancia de este tipo de denuncias.
La situación en Nueva Requena está siendo monitoreada de cerca por las autoridades locales, y se espera que en los próximos días la Contraloría y la Fiscalía de Prevención del Delito tomen cartas en el asunto para esclarecer los hechos. Mientras tanto, los ciudadanos piden que se garantice que los recursos municipales se utilicen de manera adecuada para el bienestar de la comunidad.
