En el juicio oral que se desarrolla en el Tercer Juzgado Penal Unipersonal especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios a cargo de la jueza Dra. Ana Bedoya Maque, el ministerio público ha pedido 8 años de prisión para el exalcalde del distrito de Manantay, Said Torres Guerra y a sus coacusados, ex funcionarios de su gestión, penas que van desde los 4 hasta los 7 años de prisión, acusados de haber desviado fondos de obras para gastos corrientes, de manera irregular.
La próxima audiencia se realizará el 10 de septiembre y, hasta la fecha, el ministerio público viene aportando pruebas sólidas sobre la responsabilidad de los acusados.
ACUSACIONES
Los hechos presentados por el Ministerio Público datan del año 2016, cuando la Municipalidad de Manantay, bajo la gestión de Said Torres Guerra, fue acusada de desviar recursos del Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), específicamente fondos que estaban destinados para proyectos de inversión, hacia gastos corrientes.
La comisión auditora de la Contraloría General de la República, conformada por Francisco Paredes Mendoza, Hernán Ciro Jáuregui Ofracio y Tamara Francis Rojas Mego, detectó irregularidades que ascendían a S/ 1’513,725.20, correspondientes a la ejecución de proyectos de inversión.
Según el informe de auditoría, los funcionarios involucrados habrían aprobado certificaciones de crédito presupuestario por montos superiores a los permitidos legalmente. Para el ejercicio fiscal de 2016, la ley permitía destinar un máximo del 70% de los recursos del FONCOMUN a gastos corrientes, mientras que el 30% restante debía ser destinado a inversiones en proyectos de capital. Sin embargo, el informe determinó que se utilizó el 91% para gastos corrientes, superando el límite legal y dejando a la municipalidad sin fondos suficientes para completar proyectos como el «Mejoramiento del polideportivo en el asentamiento humano Iván Sikic».
OTRAS AFECTADAS
Otras obras afectadas serían el sistema de drenaje pluvial en el jirón Guillermo Chino Mori, el sistema de drenaje en el pasaje Los Claveles, y el mejoramiento de la transitabilidad en varias calles de Manantay. Todos estos proyectos fueron paralizados debido a la falta de financiamiento real, ya que los fondos asignados habrían sido redirigidos a cubrir gastos corrientes como pasajes aéreos, alquiler de vehículos y servicios básicos.
El informe de la Contraloría indica que se emitieron 977 certificados presupuestarios que comprometían el gasto de estos recursos de manera indebida. Además, el análisis pericial realizado en el proceso ratificó que el uso de los fondos para gastos corrientes superó el límite legal en más de un millón y medio de soles, afectando gravemente las finanzas de la municipalidad y el desarrollo de la infraestructura local.
PENAS
El Ministerio Público solicitó 8 años de prisión efectiva para el exalcalde por su presunto rol en la aprobación y ejecución de las certificaciones presupuestales que permitieron el uso indebido de los recursos.
Para Luis Yuñior Huaranca Hualpa, exgerente municipal, y Ana Yolanda Hurtado Ruiz, exgerente de Administración, pidió 7 y 6 años de prisión respectivamente, por su supuesta participación en la certificación y gestión de estos fondos.
Para los otros funcionarios implicados, como Jackelin Vanessa Arcentales Castro, exsubgerente de Presupuesto, y Joel Arturo Orihuela Ruiz, exgerente de Planeamiento y Presupuesto, también solicitó 5 y 6 años de prisión. En tanto que, para Neil Armastron Urrea Britto, Alex Montes Prohencio, Clark Angulo Cumapa y Fidel Fernández Ferreyra, exfuncionarios investigados por presuntamente autorizar certificaciones presupuestales irregulares, la fiscalía pidió 4 años.
Además de las peticiones de penas de prisión, la fiscalía solicitó que los acusados paguen de manera solidaria una reparación civil de S/ 1 513,725.20, monto equivalente al perjuicio económico causado al Estado por la paralización de los proyectos de inversión. Asimismo, pidió la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante el tiempo que dure la condena.
El juicio oral no ha terminado. Los acusados están ejerciendo su defensa, negando los cargos, pero la fiscalía sigue aclarando las pruebas presentadas y la participación de cada uno de los acusados. Al final, será la juez quien evaluando los argumentos de ambas partes y el valor de los medios probatorios, tomará la decisión expresada en una sentencia.
