Un caso estremecedor. Un padre a quien el Poder Judicial le dio la tenencia de sus dos menores hijas, ha tenido que desplegar sus energías para recuperar a una de ellas, que la madre sustrajo ilegalmente. Incluso, debió soportar una denuncia penal por presuntos tocamientos indebidos. Lo grave es que, la madre, desoyó todas las órdenes judiciales para que entregue a la menor. Pero, por fin, cuando, por un habeas corpus, el padre tenía a su pequeña hija en sus brazos, fue atacado y se la arrebataron. Hoy no sabe dónde está la niña y qué le estará ocurriendo. En estas circunstancias, ya no deberían ser convidados de piedra, todas aquellas instituciones que dicen proteger el interés superior del niño. Precisamente por ese interés, Ímpetu mantiene en reserva los nombres. Pero exponemos el caso para que intervengan las autoridades.
Cuando padre fue a recoger a su niña de la escuela fue atacado y le arrebataron a su hija
Este es un caso en el que debería intervenir el CEM, la Defensoría del Pueblo y todos los organismos destinados a proteger los derechos de los niños, basándose en el interés superior del niño como principio fundamental y constitucional. Este interés exige decidir la situación que más conviene a su cuidado, protección y seguridad.
Hoy, el padre y la madre de una menor de siete años de edad, están enfrentados por la tenencia de la menor y pese a que el Poder Judicial ha dispuesto que la niña sea tutelada por el padre, la madre no solo desacata la reiterada orden judicial, sino que, además, acusó al padre –al parecer falsamente– de tocamientos indebidos hacia su menor hija.
Cumpliendo una orden judicial, el padre, hace pocos días, fue a recuperarla, cuando la tuvo en brazos a la salida de su escuela, fue atacado y le quitaron a la niña para entregársela a la madre.
Hoy la madre, al parecer ha viajado llevándose a la niña, mientras el padre, angustiado, busca que el Poder Judicial haga cumplir sus mandatos.
Por interés de la niña, para no exponerla, vamos a mantener en reserva los nombres.
EL ORIGEN
Todo comenzó cuando la pareja procreó dos niñas. Actualmente, una tiene nueve años y se encuentra con el padre, la otra, la menor de siete años sigue con la madre, a pesar que hay orden judicial para que la entregue a la tutela del padre.
La divergencia de caracteres, hizo que la pareja, después de procrear a las dos niñas, termine separándose hace seis años.
Al separarse, la madre se fue a vivir a Curimaná, llevándose a las dos niñas. El padre, por iniciativa propia, mensualmente por concepto de pensión alimenticia, le pasaba entre dos a tres mil soles, como lo demostró con los vouchers de transferencia. Además, les hacía entrega de víveres y frutas, amobló la vivienda de las menores y les brindó los artefactos y dispositivos necesarios para una vida cómoda. A la madre, le facilitó una motocicleta para que pueda trasladar a sus hijas al colegio en Curimaná.
EL VÍA CRUCIS
Pero la madre no quería que el padre se acerque a sus hijas y puso restricciones. Ante la negativa de permitirle ver a sus hijas, en junio del 2022, el padre acudió a la policía de Curimaná para poder visitar a sus hijas, tal como dejó constancia el 29 de junio 2022, la SO2-PNP Milagros Del P. López Tello. Pese a este conflicto, el padre permitió que la madre tuviera la tenencia de las menores.
En julio de 2022, la madre le envió un mensaje vía WhatsApp al padre, indicándole que su hija mayor había hecho un audio y videos feos, enviado a su tía, donde se le escucha decir que se va a suicidar con un cuchillo. En otro mensaje WhatsApp la madre también amenazó al padre, diciendo “UN DÍA ME MATARÉ CON LA BEBES Y AHÍ TERMINA TODO”. La misma madre lo confirmaría, en un escrito de apelación, firmado con su puño y letra, donde precisa que ese mensaje sobre el suicidio si existió.
Un día, la hija mayor comunicó al padre que su hermana menor había sufrido una herida en un brazo, producida por un clavo. Le envió video y audio. Le dijo que la madre no estaba en casa por haber viajado a Pucallpa un día antes y no retornaba.
Fue entonces que el padre, siguiendo la vía legal, solicitó al Juzgado de Campoverde, medidas de protección, por lo que, en agosto de 2022, dicho juzgado otorgó medidas de protección sobre sus dos hijas y le dio la tenencia provisional de ambas menores. Luego el mismo juzgado le otorgó un régimen de visita a la madre, sin externamiento.
También se generó un proceso penal por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones leves, en agravio de las niñas. Exp, N° 212-2023-0-2406-JR-PE-01; en etapa de juicio oral.
Posteriormente en una DEMANDA DE RECONOCIMIENTO DE TENENCIA de las dos menores, el Primer Juzgado de Familia EXP N° 2566-2022-0-2402-JR-FC-01, el 27 de diciembre de 2022 se llega a un ACUERDO CONCILIATORIO, donde la madre, se comprometió a dar mensualmente S/150.00 a cada niña, y un régimen de visita con externamiento los sábados, con el horario de 8:00 a.m. a 6.00 p.m.
La madre no cumplió a cabalidad el acuerdo. El juzgado de familia la requirió y, ante el incumplimiento reiterado, la multó para que pague una URP.
A fines de agosto de 2023, la madre dijo que viajaría por dos meses fuera de Pucallpa y que sería la abuela materna, quien visitaría a las niñas y las sacaría. El padre consintió de buena fe.
El 7 de octubre 2023, entregó a sus menores hija a la abuela materna. A las 7 de la noche, la abuela volvió con las dos niñas y acompañada de la madre (se suponía que estaba de viaje) quien dejó que ingrese la niña mayor a la casa, pero se quedó con la menor, no permitiéndole que ingrese pese a que la niña quería hacerlo. Tras insultar al padre, se llevó a la menor.
Entonces la denunciaron penalmente por sustracción de menor. El caso está pendiente desde 2023.
El 9 de octubre 2023, se informó al juzgado de familia sobre la sustracción realizada por la madre. El Juzgado requirió la entrega de la menor en 24 horas. La madre no acató la orden judicial.
También el Juzgado de Campoverde dictó medidas de protección, y requirió a la madre que entregue a la menor, en 24 horas. Tampoco hizo caso. Al contrario, apeló la resolución. La Sala Civil, ratificó el requerimiento de entrega de la menor.
Entre octubre a diciembre 2023, la menor perdió sus estudios, porque la madre la sustrajo y escondió, restringiendo su asistencia a la escuela, Le negó el derecho a estudiar y la sacó del seno familiar que la protegía.
Ante el incumplimiento de requerimiento de entrega de menor, el 23 de noviembre de 2023, el Juzgado de Familia remitió copias al Ministerio Público, para que se investigue a la madre por desobediencia y resistencia a la autoridad. El caso está en el 2° Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo. Exp. N° 2309-2024-0-2402-JR-PE-02.
En noviembre 2023, la madre interpuso demanda de variación de tenencia de las dos menores, y pidió la exoneración del pago de la pensión alimenticia de 150 soles a que ella se había obligado y solicitó pensión de alimentos de tres mil soles para las niñas. El intento fue declarado inadmisible al no cumplir el requisito de estar al día en el pago de sus pensiones alimenticias. Para que admitan su demanda, pagó la pensión de enero a noviembre 2023. Y sustentó su demanda, afirmando que el padre había ejercido violencia el 7 de octubre 2023, el día que sustrajo a la menor. Ante la comisaría dijo que el padre quiso ahorcarla. A su menor hija y su abuela materna les hizo repetir el mismo libreto. Pero cuando se visualizaron los videos de las cámaras de seguridad, la acusación resultó falsa.
Entonces, la madre el 21 de diciembre de 2023, denunció penalmente al padre, acusándolo de actos contra el pudor en agravio de la menor de sus hijas (la que está ilegalmente en su poder) La Fiscalía y el Poder Judicial atendiendo la gravedad de la demanda, llevaron a la niña a la cámara Gesell el 23 de agosto de 2024, Pero la pericia psicológica no concluyó porque la madre no la llevó a la segunda cita. En este caso la medida de protección contra el padre fue declarada nula.
Para recuperar a su niña, el 9 de agosto 2024, el padre interpuso una demanda de habeas corpus. El Juzgado de Investigación Preparatoria declara fundado el Habeas Corpus el 7 de septiembre y dio un plazo de 24 horas para que la madre entregue a la menor a su padre.
Entonces, cuando el padre fue a recoger a la menor a su escuela y ya la tenía en sus brazos, fue atacado por cuatro fornidos sujetos que se la arrebataron y la entregaron a la madre.
Lo peor es que, la niña ha sido expuesta a la opinión pública y su padre difamado.
El caso no ha terminado y la niña debe seguir sufriendo. ¿No deberían intervenir las autoridades que dicen proteger el interés superior del niño?
