El juez Jenner García Durán, del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, decidió prolongar la prisión preventiva por siete meses para los hermanos Eduardo Piero Alva Rodríguez, Marcos Antonio Alva Rodríguez y Tony Leandro Alva Rodríguez, acusados de favorecer el consumo ilegal de drogas mediante tráfico. La nueva fecha límite de encarcelamiento es el 14 de abril de 2025, en el Establecimiento Penitenciario de Pucallpa.
La Fiscalía argumentó que es necesario mantener la prisión preventiva debido al riesgo procesal y la complejidad del caso, aún en etapa intermedia, con diligencias pendientes. También mencionó el riesgo de fuga y la posibilidad de obstrucción a la justicia, considerando que la investigación involucra a varios coimputados y redes de tráfico de drogas.
Los hechos ocurrieron a las 7:05 de la noche del viernes 15 de diciembre último en un inmueble ubicado en el lote 18 de la manzana “J” del Pasaje 2 de Mayo, ubicado en el asentamiento humano Santa Rosa, distrito de Yarinacocha, cuando agentes policiales identificaron la vivienda sospechosa.
En la entrada de la vivienda, los agentes policiales habían notado actividad sospechosa: varias personas se acercaban a la puerta semiabierta para realizar intercambios rápidos, lo que levantó las sospechas de los agentes. La policía identificó a varias personas alrededor del inmueble. Alberto Kenyo Alva Rodríguez fue detenido mientras revisaba un vehículo estacionado. Eduardo Júnior Dávila Tuanama intentó escapar, pero fue capturado a pocos metros del lugar. Dentro de la vivienda, Tony Leandro Alva Rodríguez fue visto corriendo hacia la parte trasera del inmueble y posteriormente detenido.
En el registro domiciliario, encontraron cocaína, pasta básica de cocaína, una balanza digital y un arma de fuego con municiones, lo que evidencia la preparación y venta de estupefacientes. Posteriormente se determinó que el peso del clorhidrato de cocaína era de 92 gramos, y el de la PBC, 51.
En la audiencia, el representante del Ministerio Público justificó la prolongación de la prisión preventiva por la gravedad del delito, el riesgo de fuga y la posibilidad de manipulación de pruebas. El juez García Durán consideró fundados en parte los argumentos de la Fiscalía y dictó la extensión de la medida cautelar, concluyendo que las pruebas y las circunstancias del caso justifican mantener a los acusados en prisión preventiva hasta obtener una sentencia definitiva.
