SUMILLA: El año pasado, la Gerencia Regional Forestal y Fauna Silvestre informó que, solo entre el 2020 al 2022, el narcotráfico había construido 63 pistas clandestinas en Ucayali. El año pasado, también, AIDESEP pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que demande más efectividad al Estado peruano para proteger a los indígenas aislados que habitan la Reserva Kakataibo ante el avance del narcotráfico. Para evidenciar que el riesgo persiste y que el Estado no hizo nada, el pasado 15 de marzo, Aidesep y el MINCUL realizaron un sobrevuelo en la Reserva Kakataibo y encontraron tres pistas clandestinas, además de cocales y otras cosas más. Entre tanto, en el Congreso, está pendiente una norma que llevaría a la desaparición de las reservas.
ANTE INERCIA DEL ESTADO AIDESEP TUVO QUE DOCUMENTAR AVANCE DEL NARCOTRÁFICO
Pese a las constantes denuncias, informes, reclamos y asesinatos de líderes Kakataibo, el Estado peruano pareciera no tener la voluntad de enfrentar el avance del narcotráfico que amenaza la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur, un espacio de apenas 148 996 hectáreas de bosque que se extiende entre los departamentos de Ucayali, Loreto y Huánuco.
Esta reserva fue creada el 2021 con el objetivo de proteger a los Pueblos en Aislamiento Voluntario y Contacto Inicial, denominados Kakataibo, conocidos también como Kashibo o Kamano que viven y se desplazan en la Cordillera Azul.
Sin embargo, hoy estarían más desprotegidos que nunca. Mientras el narcotráfico parece gozar de la protección oficial que no hace nada por contenerlo.
REACCIÓN DE AIDESEP
El año pasado, Aidesep, Fenacoka y la Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) enviaron una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitando que adopte medidas cautelares contra el Estado peruano, debido a la gravedad de las amenazas que existen en el territorio indígena.
Al parecer, necesitaban enviar más evidencias.
Entonces, el pasado 15 de marzo, representantes de organizaciones indígenas (Aidesep, Orau, Fenacoka) y del Ministerio de Cultura, realizaron un sobrevuelo recorriendo 12 puntos de la Reserva que es cortada en dos (Norte y Sur) por la carretera Federico Basadre. Lo que encontraron es desolador. Una larga pista clandestina en el mismo corazón de la reserva y otras dos más, cercanas a comunidades Kakataibo.
También encontraron cocales y deforestación para cultivar coca, así como indicios de la actividad clandestina del narcotráfico (campamentos, laboratorios y vías de acceso), vías forestales no autorizadas.
El narcotráfico se estaría apoderando con mucha rapidez de la reserva. Y también de tierras de algunas comunidades cercanas como Muruina, Yamino, Puerto Azul, Mariscal Cáceres.
“La Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur es, de lejos, la reserva indígena más invadida de todo el país. Desde su creación en 2021 se han detectado más de 1500 hectáreas de deforestación ilegal dentro de sus límites y la mayoría de estas áreas deforestadas están destinadas a los campos de cultivos ilegales”, afirmó Julio Cusurichi, integrante de la directiva de Aidesep.
El Estado, a través del Ministerio de Cultura, ha instalado a la fecha apenas un puesto de control y vigilancia. ¿Un solo puesto de vigilancia para 150 000 hectáreas? ¡No se pasen!
“Es muy preocupante porque es el territorio para proteger a nuestros hermanos en aislamiento, pero a la vez es aterrador poder ver que el narcotráfico es imparable. Mientras más denunciamos, más se aceleran y avanzan”, dijo un líder de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka) que participó en el sobrevuelo. Prefirió mantener su nombre en reserva por las represalias que puedan tomar los narcotraficantes. A la fecha, cuatro líderes Kakataibo han sido asesinados por los mafiosos.
¿Habrá alguna reacción del Estado peruano? Es imposible saberlo. Quizás cuando estas fotos lleguen a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a otros organismos internacionales se adopten algunas medidas para proteger a los PIACI y a los propios comuneros Kakataibo.
EN EL CONGRESO
Entre tanto, en el Congreso de la República, el congresista fujimorista Jorge Morante, mantiene su postura de modificar la Ley PIACI, para transferir la administración de las reservas a los gobiernos regionales. En consonancia con eso, gobiernos regionales como el de Loreto, se pronunciaron en contra de la existencia de los PIACI y consideraron que esos territorios deberían entregarse a quienes los han ocupado vulnerando la ley de protección de los indígenas aislados.
Y si bien en el Congreso se fragua el golpe a las Reservas, el Ejecutivo no hace nada por ellas. “Hemos podido evidenciar el total desastre que se está dando en la Reserva Indígena Kakataibo Norte y Sur. Las autoridades solamente se reúnen en la capital de las regiones para abordar algunos temas, pero no se dan acciones concretas contra estas amenazas. No se ha hecho nada”, un líder indígena que participó del sobrevuelo.
Entre tanto, el temor crece entre los habitantes de las comunidades que padecen el acoso de cocaleros y narcotraficantes. “En la comunidad, la amenaza es constante”, dijo un representante de Puerto Azul en versión recogida por Mongabay. “Hemos hecho denuncias, pero dentro de la comunidad está nuestra familia y toda la población expuesta a las amenazas. No es fácil, podemos hacer las denuncias, pero somos nosotros quienes arriesgamos nuestras vidas”.
Ese riesgo es confirmado por la antropóloga Beatriz Huertas, especializada en pueblos indígenas. Ella dijo: “En los alrededores de la reserva es donde ha ocurrido el asesinato de varios dirigentes indígenas”. Huerta considera que actualmente esta es la reserva indígena más afectada por la ilegalidad.
