La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali negó el pedido de ser investigado en libertad del exdirector de la Oficina Regional del Centro de Emergencia Regional de Ucayali Miguel Cardoso Lara, investigado por presuntamente pertenecer a la organización criminal denominada “Los Panchos Villa de Ucayali”, que operaba en el Gobierno Regional de Ucayali.
El exfuncionario, actualmente prófugo de la justicia, es investigado por los delitos de organización criminal, colusión desleal y colusión agravada; además de los delitos relacionados con corrupción y malversación de fondos públicos. Sobre él pesa una orden de prisión preventiva de 36 meses impuesta en febrero de 2022. Al respecto, la instancia superior decidió ratificar la decisión tomada por la jueza Dra. Ángela Zamudio Navarro, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria, de declarar infundado el pedido de cesación de la prisión preventiva en contra del investigado.
ARGUMENTOS DEL COLEGIADO
La decisión del colegiado, integrado por el Dr. Federik Rivera Berrospi, Hermógenes Lima Chayña y Marco Espíritu Maros, se basó en varios aspectos claves. Se consideró que los nuevos elementos presentados por la defensa (uno de ellos el informe pericial de grafotecnia, que indica que las firmas atribuidas a Cardoso Lara en ciertos documentos fueron falsificadas mediante imitación y no provienen de su puño gráfico) no eran suficientemente sólidos como para invalidar las razones originales que justificaron la imposición de la medida coercitiva (prisión preventiva). Dichos elementos no lograron demostrar de manera contundente que ya no existían los motivos que habían llevado a dictar la prisión preventiva en primer lugar.
Además, el colegiado consideró que los informes presentados por la defensa no contaban con el respaldo oficial del Ministerio Público, lo que generaba dudas sobre su fiabilidad y legalidad. En este sentido, se argumentó que para considerar los elementos presentados como válidos y relevantes, era necesario que fueran respaldados por una autoridad competente, como el Ministerio Público, para garantizar la igualdad de armas entre las partes del proceso.
También se evaluó que los elementos presentados por la defensa no lograban demostrar un arraigo de calidad por parte del imputado, lo que no contribuía a disminuir el riesgo de fuga u obstaculización de la investigación. En conjunto, estos argumentos llevaron al colegiado a concluir que no se cumplían los requisitos necesarios para acceder al pedido de cesación de la prisión preventiva, por lo que se decidió mantener la medida coercitiva vigente contra Cardoso Lara.
IMPUTACIONES
Según las acusaciones fiscales, Cardoso Lara habría jugado un papel clave dentro de una organización criminal denominada como “Los Panchos Villa de Ucayali”, facilitando la adquisición irregular de bienes de ayuda humanitaria en colaboración con el empresario José Luis Villacorta Montoya y Fredy Jack Alvarez Tuesta. Se alega que, durante los años 2019, 2020 y 2021, Cardoso Lara habría concertado con estos individuos la adquisición de dichos bienes por un valor aproximado de S/ 1 500 000 en cada periodo, utilizando nombres falsos y empresas ficticias para encubrir sus actividades ilícitas.
Además, se le atribuye a Cardoso Lara haber cometido el delito de colusión desleal en su calidad de jefe de la Oficina Regional del Centro de Operaciones y Emergencia Regional. El Ministerio Público precisó que habría favorecido la adjudicación de contratos a empresas vinculadas a Villacorta Montoya, vulnerando los principios de transparencia y legalidad en las contrataciones públicas.
Los elementos de convicción presentados incluyen documentos oficiales, órdenes de compra y testimonios que respaldan las acusaciones fiscales. Se destaca la presunta manipulación en la etapa previa y posterior de los procesos de contratación, así como la utilización de empresas ficticias para encubrir la verdadera naturaleza de las transacciones.
Cabe indicar que, en el presente caso, el Ministerio Público señaló como líder de los “Los Panchos Villa de Ucayali”, al exgobernador regional de esta región Francisco Pezo Torres. Según la Fiscalía desde que asumió la gobernación el 1 de enero de 2019, Pezo Torres, designó a funcionarios de confianza en los puestos estratégicos del Gobierno Regional y sus unidades ejecutoras, para dar inicio al plan de compensación y devolución de los gastos de la campaña electoral.
Este plan tenía como medida favorecer a empresarios y proveedores que financiaron la campaña que lo llevó a la gobernación, entre ellos a José Luis Villacorta Montoya, que actuó con diferentes razones sociales para ganar licitaciones, a través del manejo de los precios, restringiendo la participación de otros proveedores.
