La Primera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali confirmó la sentencia de cinco años de prisión efectiva para César Antonio Nicolás Galarreta Bellido y Gladys Jesús Galarreta Howard por el delito de usurpación agravada, una infracción que afecta directamente el patrimonio privado y que se tipifica en el Código Penal peruano. Este fallo ratifica la sentencia dictada previamente el 30 de mayo de 2024 por el Primer Juzgado Unipersonal de Coronel Portillo, que también había impuesto una reparación civil de 30 mil soles a favor de las víctimas, Yolanda Gutarra Paraguay y Reynaldo Márquez Cosme.
El caso se origina en una denuncia presentada por Gutarra Paraguay y Márquez Cosme, quienes señalaron que los condenados se apropiaron de manera ilegal de un terreno de 18 hectáreas ubicado en la Parcelación Hipólito Unanue, II Etapa. Esta usurpación, según la acusación, fue realizada de manera violenta y premeditada, lo que agravó la tipificación del delito y derivó en una condena más severa. La usurpación de terrenos es un delito recurrente en varias regiones del Perú, especialmente en áreas rurales y de expansión urbana, donde la falta de regulación clara y los conflictos por la propiedad de tierras suelen ser fuente de disputas judiciales prolongadas.
La Sala, conformada por los magistrados Federick Rivera Berrospi, Hermógenes Lima Chayña y Marco Espíritu Matos, al confirmar la sentencia original, también ha ordenado la ubicación y captura de los sentenciados. Ambos deberán ser ingresados a un establecimiento penitenciario para cumplir con la pena impuesta. La decisión de la sala penal refuerza el compromiso del sistema judicial en la protección del derecho a la propiedad privada, un principio fundamental dentro del marco legal peruano. Asimismo, la reparación civil de S/ 30,000 busca compensar el daño causado a las víctimas, quienes han visto afectada su seguridad jurídica y su derecho a la posesión legítima del terreno.
Este fallo sienta un precedente importante en la región de Ucayali, donde los conflictos por la propiedad de tierras suelen ser complejos y, en muchos casos, violentos. Además, refuerza el mensaje de que las autoridades judiciales están dispuestas a aplicar sanciones severas contra quienes vulneran los derechos de propiedad, contribuyendo a fortalecer la confianza de la ciudadanía en el sistema judicial. La ejecución de la sentencia dependerá ahora de la pronta ubicación y captura de los condenados, quienes deberán enfrentar las consecuencias legales de sus actos.
