En menos de una semana, dos hechos, aparentemente delictivos, conmovieron a la institución policial y sembraron más desconfianza de la población sobre los efectivos policiales y el Ministerio Público, cuyo desprestigio es creciente.

Es probable que ocurran otros hechos más, porque quienes los cometen parecen encontrar coartadas que les aseguren impunidad. Pareciera que el crecimiento de la delincuencia también se da al interior de la misma policía, donde todavía habría personal sano.

Primero, dos policías del grupo terna fueron capturados por robar la motocicleta de uno de sus colegas. Pero recuperaron su libertad a las 48 horas.

Segundo, ayer, cuando personal policial de la Unidad de Emergencia capturó a dos personas que habían estado haciendo disparos, les encontraron dos armas de fuego, una de ellas, pertenecería a un policía en actividad del Escuadrón Verde. ¿Qué hacía un arma policial en poder de civiles?

ARMA POLICIAL

Todo comenzó en la madrugada de ayer (2.40 am) cuando vecinos de la avenida Unión, cruce con la carretera antigua a Yarinacocha, informaron que dos sujetos, desde una camioneta, estaban haciendo disparos a la altura de la discoteca La Culebra. La central 105 se comunicó con una unidad motorizada de la policía que se desplazó hacia el lugar.

Los efectivos policiales Ames Huayanay y Sánchez Díaz, fueron informados que los hombres que dispararon las armas, se encontraban a bordo de un vehículo Mitsubishi, color negro, con placa de rodaje A4G-815 y que se habría desplazado por la avenida. El vehículo y su pasajero, fueron interceptados cerca del grifo Primax de Unión. Intentaron resistirse a la intervención, pero fueron reducidos e identificados. El conductor responde al nombre de Jeffrey Jesús Lozano Rodríguez (28), y al pasajero era Jeferson Steven Gonzales Santamaría (28). Ambos estaban ebrios.

Al registrar el vehículo, encontraron dos armas de fuego: una pistola CZ calibre 380 con 12 municiones y una Taurus G3 calibre 9×19 mm con 13 municiones. Gonzales Santamaría presentó documentos solo de la segunda arma, sin justificar la primera. Ambos fueron detenidos por presuntos delitos contra la seguridad, tenencia ilegal de armas y conducción en estado de ebriedad. De inmediato dieron cuenta al fiscal de turno, Dr. Chely Amayo Cárdenas.

Los detenidos fueron trasladados a la unidad especializada UNISEEST-Ucayali.

No pasó mucho tiempo para descubrirse que una de las armas pertenecería a un policía del Escuadrón Verde en actividad. Lo más grave. El policía no había registrado o denunciado la pérdida, el robo o hurto de su arma de reglamento.

El propio coronel PNP, Luis Tafur Roque, lo dijo ayer, en conferencia de prensa.

“Una de las armas de fuego es marca Browning de 11 municiones… Quiero resaltar que el arma de fuego marca Browning pertenecería a un suboficial en actividad de apellidos Rodríguez Torres, Juan Wilfredo, que trabaja actualmente en el Escuadrón Verde. Lamentablemente, hasta el momento no se ha determinado ni se pudo observar en el sistema que haya presentado una denuncia correspondiente. Esta situación va a ser comunicada a la unidad especializada… unidad de seguridad del Estado para que determine por qué motivo este efectivo policial no ha hecho la denuncia correspondiente si ha sido hurtado o robado o perdido esa arma de fuego”.

El coronel Tafur, también precisó que ninguno de los dos detenidos tenía licencia para portar armas y refirió que probablemente “hayan sido los que han estado generando, estaban disparando en el lugar lo cual se va a determinar con las pericias respectivas si es que han hecho uso del arma de fuego”.

Es decir, el tema está en “investigación”. Es probable que hoy se conozcan más detalles. Pero lo que resulta más que evidente es que la desconfianza de la población, se hará cada día más fuerte. Sobre todo, después de lo ocurrido con los dos policías que le robaron su moto a otro policía.

SALIERON LIBRES

La semana pasada dos policías del grupo Terna, Aimar Anthony Guerrero Barreto y James Rengifo Briceño, se apropiaron de la motocicleta de su colega, estacionada frente a la comisaría de Pucallpa. Advertido el robo, se organizó una persecución que culminó con la detención de los dos efectivos. Sin embargo, la Quinta fiscalía, a cargo del fiscal Néstor Javier Aldana, les dio libertad.

Entonces, en diversos medios de comunicación, circuló el rumor que el fiscal no habría podido hacer nada porque los detenidos fueron puestos a su disposición, faltando 15 minutos para las 48 horas de flagrancia. Y que, además, era consecuencia de la reciente ley aprobada por el Congreso que le quita la titularidad de la investigación preliminar a la fiscalía.

El escándalo de la liberación, hasta hoy, sigue deteriorando la poca buena imagen que tienen la Policía y el Ministerio Público.

VOLTEANDO LA TORTA

El coronel PNP Luis Tafur, enterado por los medios sobre la liberación de los dos efectivos policiales, pidió un informe a la unidad encargada. Esta respondió que efectivamente se habían retrasado en poner a los detenidos a disposición de la fiscalía, pero, afirman que la responsabilidad de la liberación ha sido del fiscal Chely Amayo, quien opinó que los detenidos tenían los arraigos y no representaban peligro de fuga y obstrucción de la justicia, motivo por el cual no pidió la prisión preventiva.

Para que el escándalo no sea mayor, la institución policial adoptó una medida preventiva, suspendiendo en el ejercicio de sus funciones a los dos policías. Sin embargo, recién ayer iban a enviar el informe a la oficina de control y disciplina en Lima para que evalúe la conducta de los dos policías y determine la sanción administrativa. Si la hubiere.

La fiscalía, como ya se dijo, prefirió investigarlos con comparecencia.

Esta actitud ha generado desconfianza entre la población. Tanto por el accionar delictivo de los dos efectivos del grupo Terna, como por la posición del fiscal de no pedir la prisión preventiva.

La población se pregunta: ¿En manos de quién está la seguridad ciudadana?

Es evidente que, con estos hechos, los pobladores, lejos de considerar a la institución policial como una aliada en la lucha contra la delincuencia, ahora la mira como un organismo donde, en cualquier momento, puede encontrarse frente a un elemento corrupto que mancha el uniforme policial. Es como si estuvieran pidiendo, a gritos, una reorganización policial, comenzando por las cabezas.