Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha puesto de manifiesto una serie de irregularidades en la contratación del servicio de seguridad y vigilancia para la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Coronel Portillo (EMAPACOPSA), administrada por el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (OTASS). Según el informe de la Contraloría, este contrato, que tiene un valor de un millón 215 mil soles, fue adjudicado sin cumplir con las disposiciones y procedimientos estipulados en los términos de referencia, exponiendo a la entidad a posibles riesgos y controversias contractuales que podrían comprometer la gestión eficiente de los recursos públicos.
La situación es particularmente grave debido a que se emitió un acta de instalación del servicio y se entregaron las instalaciones al contratista antes de la firma formal del contrato, lo que contraviene el principio de integridad que debe regir toda contratación pública. Este principio busca asegurar que los procesos de contratación se lleven a cabo de manera transparente, eficiente y justa, sin beneficiar indebidamente a ninguna de las partes involucradas. La comisión de control encontró que, en este caso, se favoreció al proveedor al otorgarle acceso a las instalaciones de la empresa municipal sin que mediara un contrato formal.
El Informe de Hito de Control N° 004-2024-OCI, que abarca el periodo comprendido entre el 30 de septiembre y el 15 de octubre de este año, documenta otras deficiencias en el proceso de contratación. En primer lugar, se evidenció que el contratista no subsanó diversas observaciones relacionadas con la documentación exigida para formalizar el contrato. Entre estas observaciones destaca la falta de vigencia de los carnets de identidad de cuatro colaboradores, documento emitido por la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC). Además, se señaló la falta de una licencia vigente para el uso de armas de fuego de uno de los colaboradores, lo que implica un incumplimiento grave de los requisitos de seguridad exigidos en este tipo de contratos.
A pesar de estas irregularidades, la empresa municipal suscribió el acta de inicio del servicio sin que el contratista hubiera regularizado las observaciones pendientes. Este hecho podría ser interpretado como una omisión de control por parte de la entidad, que debió velar por el cumplimiento de todos los requisitos antes de permitir el inicio de las operaciones del contratista en sus instalaciones.
El contrato, que fue formalizado el 22 de agosto de 2024, tiene una vigencia de 730 días calendario. La Contraloría ha remitido este informe al titular de la empresa municipal para que tome las medidas preventivas y correctivas correspondientes, con el objetivo de asegurar que no se repitan situaciones similares en futuras contrataciones y de corregir las posibles consecuencias que estas irregularidades podrían tener en la prestación de los servicios de vigilancia y seguridad.
