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El Pleno del Congreso aprobó, con una clara mayoría de 79 votos a favor, la modificación de dos importantes decretos legislativos relacionados con la legítima defensa. Esta medida, que contó con 18 votos en contra y 5 abstenciones, se enfoca en ajustar el Código Penal y el Nuevo Código Procesal Penal para clarificar los límites y circunstancias bajo los cuales el uso de la fuerza letal está exento de responsabilidad penal. La propuesta redefine el alcance del artículo 20 del Código Penal, y permite la defensa no solo de bienes jurídicos sino también de la vida y la integridad, especialmente en situaciones de peligro inminente dentro de propiedades legítimamente ocupadas.
Modificaciones sustanciales al código penal y procesal penal
Uno de los puntos destacados de la modificación es la disposición para que aquellos que repelen una agresión ilegítima con un arma de fuego legalmente inscrita puedan retenerla solo por 48 horas mientras se realizan las investigaciones preliminares.
Además, se introduce una enmienda al Nuevo Código Procesal Penal para eximir de prisión preventiva en casos de legítima defensa, a menos que existan pruebas contundentes de delito.
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Debate en el congreso
Durante el debate, los legisladores enfatizaron la importancia de esta reforma como un «escudo de protección» para los ciudadanos que enfrentan situaciones de riesgo. La congresista Patricia Chirinos argumentó que esta iniciativa garantiza el derecho a la legítima defensa y la seguridad de los ciudadanos y aseguró que quienes se enfrentan a la delincuencia no sean considerados criminales. Por otro lado, el parlamentario Fernando Rospigliosi hizo hincapié en la ola delincuencial que aterroriza al país y enfatizó la necesidad de una ley que proteja a los ciudadanos ante la criminalidad.
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El contexto de esta reforma surge tras observaciones del Poder Ejecutivo a un proyecto anterior que eximía de responsabilidad penal en casos de uso letal de la fuerza en legítima defensa. Tanto el Poder Judicial como el Ministerio Público habían cuestionado estas propuestas y habían expresado preocupación de que podrían fomentar más crímenes.