El que fuera delegado vecinal de San Juan de Yarinacocha, Dervis Dahua Macedo, fue condenado a tres años, cinco meses y seis días de prisión, con pena suspendida a tres años, por el delito de estafa agravada en agravio de personas a las que vendió fraudulentamente terrenos que no le pertenecían, por un monto total de 10 mil soles.
La condena le fue impuesta por el juez Dr. Antar García Cosío, del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Coronel Portillo. También deberá pagar la reparación civil de 12 mil 499.98 soles y la multa de 964.00 soles dentro del plazo establecido. Deberá presentarse a firmar el libro de asistencia cada dos meses. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones podría llevar a la revocación de la suspensión y a cumplir la pena de prisión de manera efectiva.
LA VENTA
En abril de 2022, Sarita López Rucoba, junto con su pareja Raúl Murrieta Nolorbe, fue informada por un motocarrista de nombre Gino Figueroa sobre la supuesta venta de terrenos en San Juan a precios cómodos. Motivada por la oportunidad de adquirir un lote para construir una vivienda, Sarita López se reunió con Dervis Dahua Macedo, quien se presentó como el delegado vecinal del centro poblado y de la ampliación San Juan. Dahua Macedo mostró a la pareja un terreno de 635.27 metros cuadrados, ubicado cerca de una laguna, y les aseguró que el lote estaba en proceso de titulación y que podrían tomar posesión en cuestión de meses. Convencida, Sarita López entregó cinco mil soles a Dahua Macedo, quien le proporcionó un recibo de ingreso y una constancia de morador, ambos firmados por Carmen López del Castillo, una supuesta colaboradora del acusado.
Al regresar a su domicilio, Sarita López compartió la información con su hermano Deyvi Segundo López Rucoba y su padre Segundo López Oré, quienes, junto con su sobrina Nicoll Shirley Brigith Carteiro Murrieta, decidieron también comprar terrenos en la misma zona. Dahua Macedo ofreció a cada uno de ellos un lote diferente, recibiendo pagos por montos que iban desde dos mil hasta cuatro mil soles, bajo la promesa de que los terrenos estaban disponibles y que los documentos correspondientes serían entregados pronto.
Sin embargo, cuando las víctimas intentaron tomar posesión de los terrenos, descubrieron que estos ya estaban ocupados por otras personas o, en algunos casos, eran áreas públicas, como calles. Este hallazgo llevó a las víctimas a buscar a Dahua Macedo para obtener una explicación. El acusado les aseguró que les asignaría otros terrenos y les mostró un plano con nuevas opciones, pero estos también resultaron estar ocupados o ser de propiedad de terceros.
FISCALÍA
La fiscalía, en su acusación presentó las denuncias verbales de las víctimas, los recibos de pago emitidos por Carmen López del Castillo, y las constancias de morador falsas firmadas por Dahua Macedo. Asimismo, se presentaron capturas de conversaciones por WhatsApp, donde el acusado posponía repetidamente la entrega de los terrenos y los recibos, ofreciendo excusas como la falta de disponibilidad de documentos o la necesidad de esperar por la titulación de los terrenos.
También presentó una declaración jurada de reembolso, fechada el 20 de julio de 2022, en la que Dahua Macedo, bajo juramento, se comprometía a devolver la suma de dos mil soles a Nicoll Shirley Brigith Carteiro Murrieta el 26 de julio de 2022. A pesar de este compromiso, el reembolso nunca se efectuó, lo que fortaleció aún más el argumento de la fiscalía sobre el carácter fraudulento de las acciones del acusado.
Otra prueba fue la hoja de resumen del préstamo que Segundo López Oré obtuvo de Mibanco para pagar el adelanto del terreno. Este documento evidenció que las víctimas no solo fueron engañadas sino que también se vieron obligadas a endeudarse. El juez Antar Damaso García Cosío, al analizar la evidencia presentada, concluyó que la conducta de Dervis Dahua Macedo constituía claramente el delito de estafa agravada, pues el acusado utilizó su posición de autoridad como delegado vecinal para inducir a error a las víctimas, obteniendo un beneficio económico ilícito. Además, se consideró la agravante de pluralidad de víctimas.
