La jueza Ana Bedoya Maque, del Tercer Juzgado Penal Unipersonal especializado en delitos de corrupción de funcionarios, en adelanto de fallo, condenó al actual Decano del Colegio de Ingenieros en Ucayali, a un contratista y a exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de Atalaya a cuatro años y ocho meses de prisión suspendida por el delito de colusión agravada.
El Ing. Jaime Augusto Liza Ordoñez, entonces residente de la Obra, habría declarado falsamente en 2015 que se culminaron todas las partidas presupuestadas, lo que permitió que el comité de recepción de obra, tramite la recepción de la obra de manera irregular. Esto, junto con la aprobación del supervisor, benefició directamente al Consorcio Sepahua, conformado por varias empresas contratistas, que cobró por trabajos que no cumplían los estándares establecidos.
El representante legal del Consorcio Sepahua, Juan Krun Castagne Pinedo, suscribió las actas de recepción y constatación, a pesar de saber que la obra no estaba concluida, y no renovó la carta fianza, lo que impidió que el Estado pudiera reclamar por incumplimiento. La fiscalía consideró que tuvo la intención de beneficiar indebidamente al consorcio que lideraba.
Los ex funcionarios Fredy Delgado Monteza, Marino Jamanca Pariamachi, Magaly Delicia Valladares Pérez y Raúl Edmundo Gonzales Haro fueron sentenciados como autores, mientras que Jaime Augusto Liza Ordoñez y Juan Krun Castagne Pinedo recibieron condena en calidad de cómplices extraneus.
También se les impuso la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de la condena, y el pago de la reparación civil de S/ 100 mil deberá ser cubierto de forma solidaria entre los sentenciados, con el fin de resarcir el perjuicio causado a la Municipalidad Provincial de Atalaya.
Sin embargo, la sentencia no se aplica, primero hasta que se lea íntegramente y, segundo, producida la lectura integral, si existe apelación, hasta que no se pronuncie la respectiva Sala Penal de Apelaciones. Hay todavía un largo camino por recorrer.
EN SEPAHUA
El 4 de septiembre de 2018, la Contraloría General de la República, emitió un informe sobre irregularidades en el proyecto de «Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario» en el distrito de Sepahua, provincia de Atalaya.
Las irregularidades habrían causado un presunto perjuicio económico al Estado, de S/ 1’997,553.15, debido a que se hicieron modificaciones injustificadas en el diseño original del proyecto que no cumplía con los estándares ni objetivos iniciales de la obra.
Según fiscalía, el proyecto, ejecutado por la Municipalidad Provincial de Atalaya entre el 1 de noviembre de 2011 y el 20 de enero de 2017, incluyó cambios en el plan de captación de agua. En lugar de ejecutar el sistema previsto en la catarata Doncella de Katagiru, se construyeron dos pozos tubulares en Sepahua, una solución más económica, pero de menor calidad. Como resultado, la población quedó con un servicio que no atiende las necesidades ni cumple expectativas.
El proyecto contemplaba un reservorio elevado y mejoras en el reservorio existente, sin embargo, estos sistemas no fueron puestos en funcionamiento debido a su baja efectividad para distribuir agua a la población.
También sustituyeron una planta de tratamiento de aguas residuales por una estructura compacta tipo HBC, la cual, según la Contraloría, no cumple con los estándares mínimos de la Ley de Contrataciones del Estado, afectando la calidad y seguridad del sistema de saneamiento.
El informe precisó que el Comité de Recepción firmó el acta de recepción en 2015, a pesar de que varios componentes del proyecto no estaban concluidos.
Por otra parte, la carta fianza de la obra venció sin ser renovada, lo que dejó al Estado sin posibilidad de reclamar la garantía ante el incumplimiento del contratista, generando una pérdida adicional de S/ 929,031.93.
La fiscalía señaló como responsables a Fredy Delgado Monteza, entonces gerente de Obras y Desarrollo Urbano, quien habría solicitado cambios en el proyecto mediante la Carta Nro. 256-2012-GODU-MPA. Delgado Monteza habría aprobado la construcción de los pozos tubulares en Sepahua, pese a que inicialmente dio conformidad al expediente técnico original y fue advertido, por el consultor del proyecto, sobre los riesgos de esta alteración.
Otro implicado es Marino Jamanca Pariamachi, quien como presidente del Comité de Recepción de la Obra en 2014, suscribió el Acta de Recepción de Obra en 2015, a pesar de conocer que aún había partidas por ejecutar. Además, consignó información presuntamente falsa en las actas de monitoreo y reunión del comité, asegurando que varias observaciones ya habían sido atendidas, aunque sabía que no se habían completado.
Magaly Delicia Valladares Pérez, subgerente de Supervisión y Liquidación de Obras, habría suscrito el acta de recepción de la obra a sabiendas de que el proyecto no estaba culminado. Incluso, emitió informes donde comunicó falsamente que la obra estaba concluida, cuando en realidad aún quedaban tareas pendientes y fallas estructurales.
El informe menciona a Raúl Edmundo Gonzales Haro, supervisor y miembro del Comité de Recepción de Obra, quien, a pesar de conocer las limitaciones del sistema de pozos, avaló la interconexión de las redes de agua al reservorio ya existente, operado por la Municipalidad Distrital de Sepahua. Gonzales también habría validado pagos al contratista, ignorando las observaciones previas sobre fallos y obras inconclusas.
La sentencia íntegra será leída a las 2 de la tarde del 12 de noviembre.
