La construcción de la escuela de policía continúa generando controversia entre los actores políticos locales. Desde el año 2017, durante la primera gestión regional de Manuel Gambini Rupay, se hizo pública la adquisición de terrenos para la futura construcción de la escuela de suboficiales de la PNP. Sin embargo, hasta la fecha, este proyecto aún no se ha implementado y corre el riesgo de no implementarse como una escuela tradicional.
Según la última modificación del Decreto Supremo Nº 018-2019-IN, se establece que las escuelas de suboficiales deben contar con un terreno de al menos 25 hectáreas para su creación. Lamentablemente, el terreno designado por el gobierno regional no cumple con las dimensiones establecidas por las normativas.
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A principios de este año, el gobernador regional aseguraba que «hay fondos disponibles para la construcción» y que solo se esperaba la aprobación del Ministerio del Interior (MININTER). Sin embargo, el viceministro del interior, Fidel Pintado Pasapera, quien estuvo recientemente en Pucallpa, afirmó que «los gobiernos regionales no pueden construir escuelas de policía, ya que está prohibido por normativas legales, y es responsabilidad exclusiva del MININTER».
Ante esta situación, se vislumbra como la opción más probable la creación de una escuela de policía especializada en delitos ambientales. La región de Ucayali ha experimentado un alarmante aumento en el índice de tala ilegal y tráfico de animales, entre otras actividades delictivas relacionadas con el medio ambiente.
La congresista Francis Paredes comentó al respecto: «No cumpliremos con los requisitos de una escuela de suboficiales convencional. El escenario más realista es la creación de una escuela de policía especializada en delitos ambientales, lo cual sería una excepción en todo el país».
La construcción de la escuela de policía en la región de Ucayali sigue generando incertidumbre y debate. Mientras tanto, la problemática relacionada con los delitos ambientales se agrava y la necesidad de contar con una institución especializada en la formación de agentes para combatir estos delitos se vuelve cada vez más evidente. El destino de este proyecto y la respuesta del MININTER ante esta situación quedan pendientes, mientras la región espera una resolución que permita fortalecer la lucha contra los delitos ambientales y garantizar la seguridad ciudadana en Ucayali.
Marcio Pérez