ANULAN RESOLUCIÓN QUE IMPIDIÓ SU LIBERTAD
La Primera Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que preside el juez superior titular Frederic Rivera Berrospi, e integran el juez superior titular Hermógenes Lima Chayña y el juez superior provisional Jonatan Basagoitia Cárdenas, determinó la necesidad de llevar a cabo una nueva audiencia de cese de prisión preventiva para Jerly Díaz Chota, exalcaldesa de Yarinacocha. Esta decisión surgió como resultado de la anulación de la resolución previa que había rechazado la solicitud de la defensa de Díaz Chota para cambiar su detención preventiva a arresto domiciliario.
La acusación que pesa sobre Díaz Chota y varios funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Distrital de Yarinacocha, así como otros agentes externos, está relacionada con una serie de presuntos delitos que se habrían cometido a partir del año 2019, durante el mandato de la investigada Díaz Chota como alcaldesa.
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Estos supuestos delitos habrían afectado tanto a personas naturales como jurídicas y habrían involucrado la realización de contratos fraudulentos con empresas ficticias para la prestación de bienes y servicios.
La investigación inicial se originó en febrero de 2020 a raíz de la información proporcionada por fuentes humanas identificadas como ‘Coneja’ y ‘Pedrito’. Las acusaciones incluyen la creación de empresas ficticias que nunca llevaron a cabo actividades en el distrito de Yarinacocha. En cambio, se alega que los servicios que estas empresas supuestamente proporcionaban eran en realidad realizados por empleados municipales. Todo esto, según la tesis fiscal, tenía como propósito defraudar al Estado Peruano y obtener ganancias económicas ilícitas.
Entre las empresas que se mencionan como receptoras de pagos sin brindar servicios se encuentran Servicios Generales AN & AM E.I.R.L., Industrial AYA E.I.R.L., Menviza Contratistas Generales S.A.C., Negocios y Servicios Jeff E.I.R.L., Jacaroni SAC, entre otras. El fiscal ha sostenido que estas empresas tenían conexiones con colaboradores y familiares de funcionarios municipales y habrían participado en actividades de lavado de dinero, como la compra de propiedades, la creación de empresas, la gestión de restaurantes y la adquisición de vehículos.
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