Lunes, Septiembre 9, 2024
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Agricultura habría reconocido irregularmente a “comunidad fantasma” en Atalaya

En mayo pasado, Ímpetu publicó un informe sobre la existencia de “comunidades fantasmas” en el distrito de Raimondi – Atalaya, sospechándose que, detrás, estarían taladores ilegales de madera y narcotraficantes que impulsan el cultivo de coca. Una de esas comunidades se denomina Manitzi y supuestamente estaba formada por indígenas yanesha.

El problema se evidenció cuando la comunidad indígena amahuaca en contacto inicial Alto Esperanza del río Inuya, insistió en la titulación de su territorio. No podía titularse. porque Manitzi, reconocida por la Dirección Regional de Agricultura (DRAU), durante la gestión del doctor Edwin Miranda, superponía su territorio.

CONTRALORÍA

La Contraloría de Ucayali, el 27 de junio de este año, emitió el Informe de Acción Posterior N° 15607-2024-CG/GRUC-AOP, donde concluye que hay indicios de irregularidad en el reconocimiento de la supuesta comunidad Manitzi.

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Textualmente, dice: “La situación expuesta, ha evidenciado el hecho irregular respecto que la entidad ha otorgado resolución de reconocimiento a la Comunidad Nativa Manitzi, pese a no cumplir con los criterios y requisitos como tal, lo que afecta el cumplimiento del procedimiento dentro del marco legal vigente, asimismo pone en riesgo que se continúe con el procedimiento de titulación a dicha comunidad nativa”.

El informe de la Contraloría fue notificado a la Dirección Regional de Agricultura de Ucayali, a cargo de Walter Panduro Texeira, recomendándole tomar acciones para superar la irregularidad. Al parecer, los funcionarios de dicha dirección no comulgan con la Contraloría.

Lo primero que debieron hacer era anular el reconocimiento irregular de Manitzi. Pero sigue reconocida y afectaría la titulación de la comunidad amahuaca Alto Esperanza del río Inuya, pues de las 65 mil hectáreas que reclama Alto Esperanza, 14.900 son reclamadas por Manitzi.

Según el portal OjoPúblico, los requerimientos de la Contraloría y la presión de las organizaciones indígenas, hicieron que la DRAU el 1 de julio 2024 apruebe el plano y demarcación de Alto Esperanza del río Inuya, pero como Manitzi seguiría vigente, pueden apelar, frustrando la titulación.

Lo curioso es que, cuando en el 2020, la DRAU organizó un equipo técnico especializado para el reconocimiento de Manitzi, estaba como jefe de la Dirección de Saneamiento Físico Legal de la Propiedad Agraria (Disafilpa), Marwin Paima Chuquipiondo, quien ahora es el asesor jurídico de la DRAU.

Paima le dijo a OjoPúblico que han cumplido con enviar información a la Contraloría sobre las acciones administrativas que realizará la DRAU por los indicios de irregularidad.

La Contraloría ha indicado que esa información está siendo evaluada por un auditor. Y si la DRAU insiste (como parece es su posición al no anular el reconocimiento) de que procedieron correctamente al reconocer a Manitzi, entonces se realizaría una auditoría para establecer responsabilidad administrativa, civil o penal en los funcionarios involucrados.

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IRREGULARIDADES

La Contraloría observó irregularidades en el levantamiento de información socioeconómica, censo poblacional y la forma como se llenaron los formatos para el reconocimiento de Manitzi.

Por ejemplo, los 21 supuestos comuneros empadronados de Manitzi aparecen como nacidos en Ayacucho, Cajamarca, Junín, Lima y Pasco. Apenas dos personas registran Ucayali como lugar de origen. ¿Yaneshas? Lo sorprendente es que sólo cinco radican en el distrito de Raimondi, en Atalaya. En tanto, Héctor Palomino Rojas, nacido en San Juan de Miraflores-Lima, tiene su domicilio en Cañete. Segundo Aniceto Cueva Díaz, nacido en Chota-Cajamarca, domicilia en Madrid, España. ¿Yaneshas?

En el expediente de reconocimiento de Manitzi, no se corrobora la existencia de instituciones propias de los pueblos indígenas (forma de elegir autoridades, normas de vida cotidiana, organización política, cosmovisión, relaciones de parentesco, prácticas ancestrales).

Cuando el 2020, la DRAU organizó un equipo especializado para el reconocimiento de Manitzi, debía tener un abogado con título y experiencia de cinco años en trabajo de campo en comunidades indígenas. Sin embargo, contrataron como asistente legal a Ysaac Antonio Lima Flores, quien 11 meses antes había egresado de la Universidad y no tenía título profesional.  

Para el reconocimiento debían elaborar una ficha comunal con información proporcionada por autoridades locales, personal de salud, de educación, o de comuneros, con nombre y firma. Esos datos no aparecen. La DRAU habría reconocido que no suscribieron la ficha comunal.

Para la Contraloría la falta de esa información “le quita validez a dicho acto”.

Tampoco hay información requerida en la constancia de visita que probaría que los especialistas de la DRAU fueron al campo.

Pese a esas omisiones, el 23 de junio de 2020 los dos miembros del equipo técnico especializado, remitieron un informe al entonces director de la Disafilpa, Samuel Enrique del Castillo García, recomendando el reconocimiento e inscripción de Manitzi. Castillo es actualmente director de la Oficina Agraria de Atalaya. Cuando OjoPúblico le preguntó por el tema, perdió la memoria.

La resolución directoral de reconocimiento de Manitzi la firmó el entonces director de la DRAU, Edwin Miranda Ruiz.

Según información de campo del SERNANP, de marzo de este año, Manitzi está deshabitada.

FANTASMAS

Para ORAU, hay 15 “comunidades fantasmas” en la provincia de Atalaya, la mayoría en el distrito de Raimondi: Manitzi, Nuevo Renaco, Opempemashi, Mapuillo, Yarina, Valle del Jaguar, Nueva Alegría, Unión Paraíso del Alto Huao, Selva Virgen, Ayllu, Comunidad Intercultural Capajereato, Sonkorowaro, Yerpuem, Centro Bobinzana, Flor de Contayo y Cobao. En la mayoría hay tala ilegal y cultivos de coca para el narcotráfico.

La Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) Atalaya, el 19 de junio, en un sobrevuelo, identificó cuatro pistas de aterrizaje en las comunidades San Juan de Inuya, Nuevo San Martín, en la quebrada Mapuya y sobre un predio privado.

¿Hay nexos entre funcionarios de la DRAU con las actividades ilícitas?

Una investigación fiscal quizá pueda aclararlo.

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