SUMILLA: Hace pocos días, una información dio cuenta que varios funcionarios habían renunciado a continuar en la gestión del alcalde de Tahuanía, el técnico en enfermería Luis Fernando Arechaga García, quien semanas antes fue sentenciado a cuatro años de prisión suspendida por peculado doloso, aunque no fue a la cárcel, porque le suspendieron la pena a 3 años y, además, puede apelar la sentencia, tratando de anular la inhabilitación que sí lo alejaría de la alcaldía. Arechaga, además, viene siendo investigado por la fiscalía anticorrupción por supuesta contratación indebida a empresas y personas para la elaboración de expedientes técnicos. También habría incurrido en delito de designación ilegal de cargo, al designar a un exconsejero regional como gerente de asesoría jurídica. La población de Tahuanía está conmovida.
FERNANDO ARECHAGA TAMBIÉN ESTÁ INVESTIGADO POR FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN
Nadie se explica por qué un alcalde condenado, en primera instancia por peculado doloso, sigue administrando la Municipalidad Distrital de Tahuanía. Si ya tiene este antecedente y algunas investigaciones adicionales, lo más lógico sería que Luis Fernando Arechaga García, sea separado del cargo.
Sin embargo, los procedimientos establecidos en las normas y el criterio discrecional de los jueces, así como la postura de los fiscales han terminado favoreciendo al mencionado alcalde para que continúe en el cargo, manejando fondos públicos de ese distrito de la provincia de Atalaya.
PECULADO
El artículo 387 del Código Penal tipifica al delito de peculado: “El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza, en cualquier forma, para sí o para otro, caudales o efectos cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de cinco a veinte años y con ciento ochenta a trescientos sesenta y cinco días-multa.”
Pero hay un agravante que lleva a condenar con pena privativa de libertad “no menor de ocho ni mayor de quince años; inhabilitación a que se refieren los incisos 1, 2 y 8 del artículo 36, de naturaleza perpetua y con trescientos sesenta y cinco a setecientos treinta días-multa, cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos: (…) 2. Los caudales o efectos estuvieran destinados a fines asistenciales o a programas de apoyo o inclusión social o de desarrollo.”
LA SENTENCIA
Recientemente, la jueza del Tercer Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, Dra. Ana Karina Bedoya Maque, condenó a cuatro años de pena privativa de libertad, la misma que se suspende por el término de tres años bajo estrictas normas de conducta, al actual alcalde del distrito de Tahuanía Luis Fernando Arechaga García, por el delito Contra la Administración Pública en la modalidad de Peculado Doloso, ilícito previsto y sancionado en el artículo 387 primer párrafo del Código Penal en agravio del Estado. Además, le inhabilita por el término de la condena, el pago de ciento ochenta días multa, equivalente a mil ciento veinticinco soles a favor del Estado, y un pago de 40 mil soles como reparación civil.
Arechaga también era procesado por delito contra la fe pública en la modalidad de falsedad ideológica.
¿Por qué fue condenado Arechaga?
En el año 2012, el gobierno nacional declaró en emergencia el sector salud, enviando dinero a la Dirección Regional de Salud de Ucayali, que, a su vez, transfirió fondos para el mantenimiento de los centros de salud. Sin embargo, en algunos casos, los directores habrían usado esos fondos en beneficio propio y luego intentaron sustentar los supuestos gastos con documentación falsa. Por eso los investigaron y luego condenaron por peculado doloso y falsedad ideológica.
Uno de esos casos fue el del técnico en enfermería Luis Fernando Arechaga García, quien se encontraba a cargo del centro de salud de Tahuanía. El proceso siguió su curso, hasta que fue condenado en primera instancia. En la audiencia, también fueron sentenciados Javier Baltazar García y Víctor Huaranga Sánchez, del Centro de Salud de Atalaya, como autores del delito de peculado doloso. Ambos, a tres años de prisión suspendida e inhabilitación y pago de mil soles.
MECANISMOS FAVORABLES
El sentenciado alcalde Luis Fernando Arechaga García, sin embargo, no fue detenido porque la jueza (al parecer no tomó en cuenta que el dinero enviado era para fines asistenciales porque debía servir para dar mantenimiento al centro de salud, mejorando la calidad de atención de los pacientes) suspendió la aplicación de la pena, rebajándola a tres años de suspendida.
Si no va a la cárcel, entonces Arechaga puede seguir manejando fondos públicos.
Pero con el antecedente sobre cómo usó los fondos que le enviaron cuando estuvo a cargo del centro de salud de Tahuanía, las sospechas se disparan.
Sin embargo, tras la notificación de la sentencia (se espera que no ocurra como en los casos de dos exalcaldes de Nueva Requena que no dejaban la alcaldía porque no eran notificados) todavía puede presentar apelación para evitar que le apliquen la inhabilitación, su dolor de cabeza. Si la Sala de Apelaciones ratifica la sentencia y la inhabilitación, Arechaga tendría que dejar la alcaldía.
INVESTIGACIÓN Y PRESUNTO DELITO
En noviembre del 2023, la fiscalía anticorrupción de Ucayali, inició una investigación al recibir una alerta sobre que Luis Fernando Arechaga García y su gerente municipal, Fernando Ruiz Arbildo, estarían involucrados en actividades ilícitas al contratar indebidamente a personas y empresas para la elaboración de expedientes técnicos destinados a proyectos de servicios, en este caso, instalación de sistemas de agua y desagüe en zonas rurales.
La investigación está a cargo del fiscal anticorrupción Gomer Tuval Santos Gutiérrez
Antes, en agosto del 2023, un informe de la Contraloría, estableció que la Municipalidad Distrital de Tahuanía, con Arechaga García como alcalde y máximo administrador, había nombrado ilegalmente en el cargo de gerente de Asesoría Jurídica al abogado Albares García Laureano, ya que, al haber sido consejero regional en la gestión 2019-2022, tenía impedimento de 12 meses para contratar con el Estado en el ámbito de la región Ucayali. Otro impedimento era que, siendo hermano del regidor de Atalaya, Edwin García Laureano (2023-2026) tampoco podía contratar.
Además, el alcalde había excedido el 5% para nombrar personal de confianza y la municipalidad no tenía actualizado sus instrumentos de gestión para los recursos humanos.
Al nombrar al abogado Albares García Laureano, el alcalde Arechaga García, habría incurrido en el delito de nombramiento o aceptación ilegal de cargos, tipificado en el artículo 381 del Código Penal.
El distrito de Tahuanía, tiene un alcalde sentenciado por supuesta apropiación de fondos públicos, que le fueron confiados. También está investigado por la fiscalía anticorrupción y, vulneró las normas de designación de funcionarios de confianza.
La población de Tahuanía, está conmovida porque, el pasado 17 de abril, corrió la noticia de una renuncia masiva de funcionarios. A la fecha, el alcalde no se ha pronunciado. Como dice el refrán, la procesión va por dentro.
