POR CONTRATAR  UNA PERSONA EN DOS CARGOS Y DOBLE REMUNERACIÓN

El pedido de vacancia que pesa contra del alcalde distrital de Yarinacocha, Gilberto Arévalo Riveiro, se basa en una causal establecida en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Municipalidades, inciso 9, que concuerda con el artículo 63. Se sustenta en que la autoridad municipal se ha interesado en un contrato de manera directa, utilizando el cargo de autoridad para contratar los servicios de una persona, que a su vez, le sirva como defensora en procesos de investigación a nivel del Ministerio Público, en la que la comuna yarinense a su vez está como parte agraviada, ha manifestado el abogado Miguel Granda Daza, quien interpuso esta solicitud en el Jurado Nacional de Elecciones. Fundamenta que Arévalo Riveiro, mediante un memorándum designó una abogada para que asuma el cargo de procuradora pública (e) y ver los asuntos judiciales e investigaciones de la Municipalidad; con este documento el alcalde intervino directamente, sin que la profesional cumpla los requisitos, le encargó la función de procuradora pública. El alcalde dispuso la salida del procurador designado y colocó a la abogada sin cumplir los requisitos; hasta ahí se podría decir que colocó a una persona, sin cumplir los requisitos y nombrarla ilegalmente en el cargo público; toda vez que la norma establece que un procurador tiene que tener en el ejercicio profesional tres años y esta persona, no los tiene. Pero sacaron una resolución dejando sin efecto la designación como procuradora y, al dejarla sin efecto, validaron el memorándum del alcalde, y al hacerlo dieron legalidad para que se incorpore a defender los procesos que tiene la municipalidad en las distintas esferas del estado, como procuradora, advierte Granda Daza. El 7 marzo dejaron sin efecto, pero el gerente municipal, le vuelve a contratar con fecha 1 de marzo, es decir que el lapso de 7 días, en el mes en mención, ganó como procuradora y asesora externa, registrando una duplicidad de pago. “En esta fi gura hay elementos para denunciar, no solo por el nombramiento ilegal en el cargo público, y a la asesora por aceptación ilegal del cargo público, sino también elementos para denunciarlo por el delito de peculado, porque contrataron a una persona y le dieron dos cargos, y doble remuneración”. Explica que el contrato suscrito fue para asesorar en el despacho de alcaldía, es decir atender documentos que llegan dando respuesta; pero también en el contrato se establece que le pagarán por concepto de viáticos, desconociendo que existe una norma que establece que a personas contratadas por locación de servicios no le corresponde, sin embargo en el contrato así se establece. La Municipalidad Distrital de Yarinacocha paga a la profesional, pero el alcalde dispone que lo defienda en los procesos de investigación que afronta, en donde la municipalidad es agraviada; prácticamente usando los recursos del estado para asumir una defensa personal, en esas circunstancias se establece una negociación incompatible con el cargo, aplicando el artículo 63 de la Ley de Gobiernos Locales, porque el alcalde prácticamente se ha interesado en un contrato en donde se ha aprovechado de los fondos de la municipalidad para contratar a una persona que lo va defender en un proceso judicial, remarcó. Esta persona que fue designada como procuradora, tampoco podría ni siquiera, aun si hubiera sido contratada por el alcalde, tampoco le podía patrocinar, porque la ley del sistema judicial establece, si ha sido procuradora no puede patrocinar al Estado a otros que forman parte después de una año. Sin embargo en el lapso de tiempo ha estado representando a la municipalidad y era funcionaria del Estado. Esta fi gura, a la vez ha conllevado que se formule una denuncia penal, por varios delitos entre ellos, negociación incompatible con el cargo, patrocinio ilegal, designación ilegal en cargo público, aceptación ilegal de cargo público, y por delitos de peculado. Porque el alcalde ha incurrido en restricción de contratación, donde no puede contratar, rematar obras, ni adquirir directamente por interpósitas personas sus bienes. En este caso contrata una persona cuando lo correcto es que el alcalde pague una persona y no la entidad municipal, y le sirve como defensora en sus casos particulares, ahí hay una restricción de contratación. En este caso los involucrados son Fiorella Mercedes Bardales Guerra, Hugo Pompeyo Tuesta Saldaña y Gilberto Arévalo Riveiro.

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