El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Coronel Portillo, que despacha la jueza Irene Hidalgo Armas, ordenó la ampliación de la prisión preventiva por nueve meses para los presuntos miembros de la organización criminal bautizada por la Policía como “Los Intocables de Pucallpa”. Los imputados, Luis Nunta Saldaña, José Antonio Vásquez Pérez, Gilberto Elías Pachas Da Silva y Jorge Luis López Mozombite, son acusados de robo agravado en agravio de la docente María Rosaura Ríos Nolorve y su pareja, Juan Carlos Flor Montero. La medida restrictiva se extenderá hasta el 21 de mayo de 2025, respondiendo a la solicitud presentada por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Yarinacocha.
El 3 de octubre de 2023, María Rosaura Ríos Nolorve, tras retirar 26 mil soles en efectivo de una sucursal del Banco CrediScotia, fue víctima de un violento asalto. Luego de dirigirse a su centro de trabajo y posteriormente recogida por su pareja en una motocicleta, al llegar a la intersección de la avenida Amazonas y el jirón Pachacútec, la pareja fue interceptada por dos sujetos armados que, bajo amenazas de muerte, les arrebataron el bolso que contenía el dinero, un celular y otras pertenencias personales, huyendo en dirección al parque La Lupuna, dejando a las víctimas conmocionadas.
Tras el incidente, Ríos Nolorve y Flor Montero denunciaron el hecho en la comisaría de Yarinacocha, que derivó la a la DIVINCRI de Ucayali. Gracias a las cámaras de videovigilancia, la Policía logró rastrear el recorrido de los asaltantes, identificando a más implicados en el delito.
El Ministerio Público fundamentó su solicitud de ampliación de la prisión preventiva en la existencia de graves riesgos procesales, entre ellos el peligro de fuga y la posibilidad de obstruir la justicia. Según la Fiscalía, los imputados no han acreditado tener arraigos laborales, familiares o domiciliarios que aseguren su permanencia en la jurisdicción, lo que incrementa la probabilidad que intenten eludir la justicia. Además, se destacó que la pena prevista para el delito de robo agravado, que oscila entre 12 y 20 años de prisión, agrava este riesgo.
Por otro lado, la Fiscalía subrayó que liberar a los imputados podría comprometer la integridad del proceso judicial, debido a la posibilidad que los acusados o personas cercanas intenten influir en los testigos, incluyendo a un testigo clave que ha colaborado con las autoridades. La jueza Irene Hidalgo Armas, tras evaluar los argumentos, decidió ampliar la prisión preventiva hasta mayo de 2025.
La investigación ha enfrentado múltiples dificultades, viéndose obligada a reprogramar las audiencias y diligencias en varias ocasiones debido a la inasistencia de los acusados y la inacción de sus abogados, así como la incorporación de nuevos imputados, como Marco Antonio Amasifuén Peraza, quien presuntamente facilitó el arma de fuego utilizado en el asalto, Wuiliam León Rengifo y Walter Rodrigo Vásquez Plaza, que implicó la realización de nuevas diligencias, incluyendo la homologación de pruebas forenses y análisis digitales de los vehículos involucrados.