El Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder investiga al jefe de la XIII Macro Región Policial, general PNP Enrique Goicochea, por supuestamente formar parte del “brazo policial” del encarcelado expresidente Pedro Castillo, quien –según la hipótesis del Ministerio Público- lo habría ascendido a cambio de una cutra de 40 mil dólares.
Como parte del megaoperativo simultáneo desplegado ayer a las 4:00 a. m. por el Ministerio Público y la Policía en seis regiones del país, entre ellas Ucayali, la casa de Goicochea, ubicada en la villa policial del distrito de Yarinacocha, fue allanada -por orden judicial- al igual que la sede de la Macro Región Policial, en Callería, donde queda su oficina, en busca de pruebas que determinen su vínculo con la red mafiosa encabezada por Castillo.
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La Fiscalía sospecha que Goicochea fue uno de los nueve generales PNP que habrían incurrido en tráfico de influencias con el único fin de copar la institución policial, y así direccionar una serie de licitaciones a favor de los exsuboficiales Luis Tuesta, Patricia Sovero y Óscar Monge, que antes del fallido golpe de estado se jactaban de ser “emprendedores” cercanos al expresidente de la gorra y el sombrero.
“(La mafia de Castillo) habría captado a coroneles de su entera confianza para procesos de ‘ascensos ilegales’ a generales como consecuencia de reuniones informales donde se habría entregado la cantidad de 40 mil dólares por cada uno de los interesados, tales como: Enrique Goicochea, Max García, Luis Legua, Pedro Villanueva, Nicasio Zapata, así como Manuel Rivera, Fredy Del Carpio, Eginardo Pérez y Edward Espinoza; y a través de ellos, controlar y direccionar distintas licitaciones públicas”, se lee en el expediente judicial de 134 páginas al que accedió Diario Ímpetu.
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Con eso en mente, la red tendría a los generales “serviles” en diferentes puntos estratégicos del país: Ucayali (Enrique Goicochea), La Libertad (Max García), Cuzco (Pedro Villanueva), Tumbes (Nicasio Zapata), Tacna (Manuel Rivera) y Lima (Luis Legua).
El pasado 12 de diciembre, el juez Roberto Mere, del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, autorizó el allanamiento y descerraje de 26 establecimientos relacionados a los mandos policiales para incautar aparatos telefónicos, computadoras y documentos que puedan dar mayores luces en torno al tráfico de influencias y la red criminal que se habría posicionado en las altas esferas de poder.
El megaoperativo, que contó con la participación de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía, derivó en la captura de seis de los 13 integrantes del “brazo policial”. Entre ellos figuran los generales PNP Nicasio Zapata, jefe de la Macrepol Tumbes; Manuel Rivera, jefe de la Macrepol Tacna-Moquegua; y Luis Legua, jefe del Frente Policial Vraem. El comandante general de la PNP, Javier Gallardo, está prófugo de la justicia.
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El Poder Judicial también solicitó que se incauten documentos relacionados a los procedimientos de contratación de personal y licitaciones de adjudicación y supervisión de obras públicas realizadas entre 2021 y 2022, a fin de detectar irregularidades vinculadas al modus operandi de esta presunta red criminal.
Desde el áreaque señaló que el general Goicochea continúa en el cargo al no encontrarse bajo orden de detención preliminar. También indicaron que el general todavía no se encuentra autorizado para declarar sobre el tema.
Es preciso mencionar que el Poder Judicial dio un plazo de 72 horas a las investigaciones contra Goicochea y los otros implicados. A la fecha, el Ministerio Público se encuentra a la espera de la autorización del levantamiento del secreto de comunicaciones para la revisión de los dispositivos electrónicos incautados, así como las redes sociales, mensajes de texto y llamadas.
AUGUSTO PADILLA