Por colusión agravada
En un fallo que marca un precedente en la lucha contra la corrupción en el sector público, el Poder Judicial de Ucayali sentenció a cuatro exfuncionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Atalaya a penas de prisión efectiva por el delito de colusión agravada. Las sentencias fueron dictadas tras una exhaustiva investigación iniciada a partir de un informe de auditoría emitido por la Contraloría General de la República en 2018, que comprendió el período entre el 2 de enero y el 29 de diciembre de 2017. El informe reveló graves irregularidades en la adjudicación de un contrato para la compra de pasajes aéreos.
El mencionado informe, identificado como Informe de Auditoría de Cumplimiento N° 015-2018-2-5354, determinó que cinco exservidores públicos de la UGEL Atalaya modificaron de manera irregular las bases de un proceso de adjudicación, permitiendo un único pago por adelantado al proveedor seleccionado, contraviniendo la normativa vigente en materia de contrataciones del Estado. Esta acción resultó en un perjuicio económico de 70 mil soles para la entidad educativa.
El informe de la Contraloría también destacó que los funcionarios involucrados aplicaron la excepcionalidad del pago por adelantado sin justificación técnica o legal en el expediente de contratación, lo cual es un requisito indispensable según la Ley de Contrataciones del Estado. Además, el servicio contratado nunca llegó a realizarse, ya que los aviones de la empresa proveedora, North American Float Plane fueron embargados por la División de Investigación de Lavado de Activos de la Policía Nacional, agravando aún más la situación.
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En consecuencia, la Contraloría remitió el informe a la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, la cual presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Anticorrupción. Tras un proceso judicial que culminó el 2 de agosto de 2024, el Poder Judicial de Ucayali dictó una sentencia condenatoria contra cuatro de los exfuncionarios implicados. El exdirector de la UGEL Atalaya, Eduardo Rally Yupanqui Bautista; el director del Sistema Administrativo II, Jaime Ortiz Ramírez; y el Asesor Legal de la entidad, Segundo Valdivieso Bardales, fueron condenados a seis años de prisión efectiva, mientras que el jefe de Abastecimiento, Juan Eliseo Ramírez García, recibió una pena de cinco años.
Además de las penas privativas de libertad, los sentenciados fueron inhabilitados para ejercer cualquier función pública durante el tiempo que dure su condena. Asimismo, se les impuso el pago de una reparación civil de 70 mil soles, monto equivalente al perjuicio causado a la entidad. Este caso subraya la importancia de la labor de control y fiscalización que realiza la Contraloría General de la República, y pone de relieve la necesidad de que los funcionarios públicos actúen con integridad y transparencia en el manejo de los recursos del Estado. La sentencia dictada por el Poder Judicial constituye un paso firme en la lucha contra la corrupción y un mensaje claro de que los actos ilícitos cometidos en el ejercicio de la función pública no quedarán impunes.