El último jueves, el Congreso tomó una decisión polémica, al inhabilitar a dos miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Inés Tello y Aldo Vásquez, por un periodo de 10 años, mediante votaciones controversiales.
Las inhabilitaciones fueron aprobadas con 67 votos a favor en cada caso, justo el número mínimo requerido para tal efecto. Con esta determinación, ambos serán retirados de sus cargos en la JNJ y serán reemplazados por suplentes.
Votos Controversiales
A pesar de la normativa que prohíbe a los miembros de la Comisión Permanente votar en el pleno sobre acusaciones constitucionales, el congresista José Luna Gálvez participó en las votaciones. Su voto fue crucial para alcanzar los 67 necesarios. Esta situación ha generado interrogantes sobre la interpretación de las reglas parlamentarias.
Tello fue la primera en ser inhabilitada, debido a su presunta infracción a la Constitución, al superar el límite de edad de 75 años para integrar la JNJ en 2020.
La decisión de inhabilitación recibió 67 votos a favor, 23 en contra y tres abstenciones. La bancada de Cambio Democrático – Juntos por el Perú fue la única que se opuso en bloque.
En cuanto a Vásquez, inicialmente el Congreso no logró los votos suficientes para su inhabilitación, pero luego de una reconsideración presentada por el legislador Isaac Mita, se alcanzaron los 67 votos necesarios en una segunda votación.
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Durante el debate parlamentario, se cuestionó el actuar de la JNJ y se destacó la importancia de reformar el sistema de justicia ante la percepción de politización en la toma de decisiones.
Finalmente, el Congreso no logró inhabilitar a otros magistrados de la JNJ, y dejó pendiente la votación final en el caso del presidente de la junta, Antonio de la Haza. Durante la sesión plenaria, los miembros de la JNJ y un exintegrante realizaron su defensa, instando al Congreso a reflexionar y a no interferir en la administración de justicia.
La participación del Congreso en la destitución de miembros de un órgano autónomo ha suscitado críticas y debate sobre la independencia del sistema de justicia y la autonomía de la JNJ.
