La Contraloría encontró seis situaciones adversas en la obra de construcción del Centro de Salud Campoverde que terminarían afectando la culminación de la obra y generarían problemas graves. Anteriormente, en la misma obra, la Contraloría había encontrado similares situaciones adversas que no se habrían corregido hasta la fecha.

La obra debió haberse culminado en mayo pasado, sin embargo, prorrogaron su culminación hasta septiembre de este año. Sin embargo, no existe garantías de su culminación. Más aun cuando no hay cartas fianza que respalden ante cualquier eventualidad.

Las situaciones adversas están contenidas en el Informe de hito de control N° 045-2024-OCI/5354-SCC, de fecha de 5 de julio de este año que analizó el “Avance de ejecución de la obra al mes de mayo del 2024”.

SIN CARTA FIANZA

La situación adversa más preocupa, es la que advierte que “se vencieron seis cartas fianzas del contratista por un monto de 6 millones 386 901.48 soles, sin que estas a la fecha fueron renovados y/ejecutados, generando el riesgo de que la entidad se encuentre desprotegida ante cualquier incumplimiento contractual y resarcimiento por daños que se pudiera ocasionar”.

Como se reseña en el informe, la buena pro de la obra fue entregada al Consorcio Renovación, firmándose contrato el 20 de junio del 2019. El plazo de ejecución era de 650 días calendario, bajo el sistema de contratación a suma alzada por 32 millones 883 mil 998.30 soles, incluido IGV.

Este consorcio está integrado por dos empresas conocidas: Jungles King EIRL y Comeco SRL.

La obra comenzó el 4 de septiembre del 2019 y, de acuerdo al plazo de 650 días, debió culminarse el 14 de junio del 2021.

Durante la ejecución, el Contratista pidió 24 ampliaciones de plazo, de los cuales, la entidad aprobó 15 por un total de 524 días calendario. También se acordaron 2 suspensiones de plazo de ejecución y 2 reinicios de obra por suspensión de plazo. De ese modo, el plazo final se fijó para el 6 de mayo del 2024. Ese plazo ya se cumplió, pero consiguieron una ampliación al 15 de septiembre del 2024.

Nada aseguraría que cumpla con dicha fecha. Más aun si no se han renovado las cartas fianzas.

LAS CARTAS FIANZA

La vigencia de las cartas fianza venció el 17 de mayo. La contratista debió prorrogar o ampliar su vigencia. No lo hizo, pese a ser una obligación contractual. El 25 de mayo el director ejecutivo de la Oficina de Tesorería, al conocer que, terminada la vigencia de las cartas fianza corrían 15 días para su ejecución notarial ante la entidad financiera que las otorgó, esto es hasta el 1 de junio. Pero lo que pasó es una película de suspenso.

Del 20 al 22 de mayo elaboraron la carta notarial para la ejecución. El 22 la firmó el tesorero y fueron a dar aviso a la Gerencia de Administración para que firme. Les respondieron que esperen unos días. Administración recién firmó la carta notarial el 27 de mayo en horas de la tarde. Así que ya no se pudo enviar a Lima (donde tiene su domicilio La Positiva que otorgó las cartas fianza) porque el courier atendía solo hasta la 1 de la tarde. El martes 28 depositan en el Courier e informan a la oficina de enlace en Lima sobre el envío de la carta notarial para la ejecución de las cartas fianza. El jueves 30 de mayo a las 4.56 pm la oficina de enlace recibió los documentos. El viernes 31 de mayo, los entregaron a la Notaría Tambini que recién entregó la carta notarial a La Positiva el 3 de junio. Dos días después, La Positiva respondió a Tesorería del GOREU que, al ser notificada fuera de plazo las cartas fianzas ya habían cesado. En consecuencia, no las ejecutó.

El 19 de junio la Oficina de Administración (tardíamente) envió una carta notarial a la contratista dándole un plazo de 24 horas para renovar las 6 cartas fianza. La contratista no renovó nada.

CAUSAL DE RESOLUCIÓN

Para la Contraloría, el hecho de que la contratista no haya renovado las cartas fianzas, significa que ha incumplido con sus obligaciones contractuales, por lo que habría incurrido en causal para la resolución del contrato, según lo establecido en el Art. 135 del Reglamento de la Ley de Contrataciones.

Dicho artículo dice: “La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista: 1. Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello.”

¿Por qué la administración dejó vencer la vigencia de las cartas fianzas? ¿Por qué se dilató su ejecución? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien buscó beneficiar a la contratista?

OTRAS SITUACIONES ADVERSAS

El informe de la Contraloría reseña que existe ausencia del jefe de supervisión lo que genera el riesgo de pagos por servicios no prestados e inaplicación de penalidades. El 20 de junio, cuando la comisión de control llegó a la obra, no encontró al arquitecto Wilfredo Iván Castillo Quezada, pese a que la norma establece que debería estar de manera permanente en la obra. Tampoco encontró a ninguno de los otros siete profesionales del equipo de supervisores.

Otra situación adversa es que la obra no cuenta con señalización de seguridad y medidas de protección en áreas de riesgo y personal sin equipo de protección de seguridad pese a estar presente el especialista de seguridad, (lo que) genera el riesgo de afectarse la integridad física de las personas y la no aplicación de penalidades. Esta situación de desprotección, que vulnera varias normas, debería penalizarse, pero no se hace.

Otra situación adversa es que hay “ausencia de trabajos en la obra y del cuaderno de obra”. Es decir, la obra está virtualmente paralizada. Estas ausencias limitan el acceso a los registros de ocurrencias durante su ejecución, generando el riesgo de penalidades y la culminación fuera de los plazos vigentes. “La ejecución de la obra está paralizada en todos los frentes”, dice la Contraloría en su constatación del 20 de junio. El avance de obra al 31 de mayo es de 83.45%. Es difícil que la culminen al 15 de septiembre.

Otra adversidad es que partidas ejecutadas por el contratista presentan defectos constructivos que conllevan a correcciones y refacciones generando el riesgo de mala calidad y retrasos en la ejecución de la obra. Por ejemplo, se incumple con la ejecución antisísmica.

Finalmente, la Contraloría advierte que el GOREU incumple con la normativa que ordena actualizar la información del avance de la ejecución de la obra en la página web del sistema nacional de información de obras públicas (INFOBRAS), generando el riesgo de falta de transparencia en el cumplimiento de las metas de la inversión pública.

SIN CORRECCIONES

La Contraloría también advierte que en el caso de las situaciones adversas dadas a conocer en informes anteriores no se habrían adoptado acciones preventivas o correctivas o no se habría informado de esas acciones a la Contraloría.

El informe está en manos del gobernador para que adopte las acciones correctivas.

Es evidente que la obra está en serios problemas que, a futuro, redundará en los funcionarios.