SUMILLA: La Contraloría dio a conocer que, usando su facultad sancionadora, ha inhabilitado a 7 exfuncionarios de Atalaya, Purús y Coronel Portillo. Algunos de ellos, al margen de la inhabilitación impuesta por la Contraloría, ya son objeto de procesos penales. La máxima inhabilitación impuesta por la Contraloría, llega a los tres años y ocho meses, después de los cuales podrán volver a la función pública. Parece una medida muy blanda sobre quienes habrían usado fondos públicos para su propio beneficio. Pero, en fin, servirá como antecedente. Ya será responsabilidad de los directivos de las entidades si se arriesgan a contratarlos o designarlos en puestos de confianza, sabiendo sus antecedentes. ¿Estas sanciones evitarán que otros funcionarios incurran en infracciones sancionables? Se espera que tengan un efecto disuasivo.
ALGUNO DE ELLOS YA ESTABAN INVOLUCRADOS EN PROCESOS PENALES
Por fin la Contraloría impuso sanciones de inhabilitación a siete profesionales técnicos que desempeñaron roles de funcionarios en Atalaya, Purús y Coronel Portillo. Los inhabilitados están impedidos de ocupar cargos públicos mientras dure el escaso tiempo de su inhabilitación. La sanción más alta es de tres años con ocho meses. Después, podrán volver a las andadas.
Las autoridades deben estar alerta porque si los contratan, serán pasibles de denuncias penales, tanto para el contratante como para el contratado.
Es muy sencillo para que una autoridad sepa si el funcionario se encuentra inhabilitado o no. Sólo tienen que ingresar al Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles de SERVIR y verificar si el que postula a un puesto o cargo, se encuentra sancionado con inhabilitación. Si lo está, no puede contratarlo y menos otorgarle un cargo de confianza.
La Oficina de Control Regional, ha manifestado en diversas oportunidades que hay una serie de procesos administrativos que, como todo proceso, se desarrolla en varias etapas para que, finalmente, se imponga la sanción.
Muchos de dichos procesos están en giro. En tanto, la Contraloría da cuenta de los siete inhabilitados.
LOS INHABILITADOS
La relación de los exfuncionarios es la siguiente:
1.Ana María Túnjar Rodríguez de la DIRESA Ucayali.
2.Rolando Gustavo Molina Panchana de la Municipalidad Provincial de Purús.
3.Rómulo David de la Cruz Muñoz de la Municipalidad Provincial de Atalaya.
4.Miguel Pinedo Ramírez de la Municipalidad Provincial de Purús.
5.Reycer Quispe Arroyo de la Municipalidad Provincial de Atalaya.
6.Ángel Gabriel Flores Vela de la Dirección Regional de Salud de Ucayali.
7.Juan Antonio Gómez Torres de la Municipalidad Provincial de Atalaya.
De acuerdo con la Contraloría General, estos siete funcionarios de Ucayali si estuvieran laborado para el Estado, incurrirían en delito y agravarían su situación.
Las sanciones se dieron en el marco del procedimiento administrativo sancionador que tiene dentro de sus competencias la entidad fiscalizadora superior desde julio del 2021.
MOTIVO DE LAS SANCIONES
El exsubgerente de programación multianual de inversiones del Municipio Provincial de Atalaya, Reycer Quispe Arroyo, fue inhabilitado con tres años y cinco meses para la función pública desde el 2 de abril de 2024. Reycer laboró como funcionario público de confianza del régimen laboral 276 en la muni de Atalaya el 2022. Pero resultó ser un “superfuncionario” porque, de manera simultánea trabajaba en la Municipalidad Distrital de Manta, los municipios provinciales de Angaraes y Acobamba y se dio tiempo, incluso para contratar con la Universidad Nacional de Huancavelica durante el año 2022, vulnerando varias normas.
En la Municipalidad Provincial de Atalaya también se inhabilitó al exgerente de servicios públicos, Ingeniero Rómulo David de la Cruz Muñoz, con tres años y ocho meses, y al exsupervisor de área de la misma gerencia, Juan Antonio Gómez Torres con tres años y cuatro meses, desde el 16 de febrero de 2024 para los dos funcionarios, quienes en el 2022 otorgaron la buena pro para el mantenimiento y refacción del mercado 8 de Octubre, a una empresa que presentó contratos y constancias falsas para certificar su experiencia. Sin embargo, pese a esas irregularidades, ambos funcionarios otorgaron conformidad y autorizaron el pago. Lo más grave es que le pagaron todo, pero el contratista no ejecutó el servicio al 100%.
Es bueno precisar que la sanción administrativa no exime de una investigación y sanción penal, de ser el caso. La sanción administrativa solo los inhabilita para seguir en la función pública durante un tiempo. Cumplida la inhabilitación pueden volver a ser funcionarios.
En tanto que, el exgerente municipal Rolando Gustavo Molina Panchana, y el exgerente de planeamiento, presupuesto, racionalización y cooperación técnica internacional de la Municipalidad Provincial de Purús, Miguel Pinedo Ramírez, fueron inhabilitados con tres años y ocho meses desde el 10 y 11 de agosto de 2023 respectivamente.
En ambos casos, dichos servidores simularon la contratación y ejecución de nueve servicios de consultoría para disponer recursos económicos en favor de una persona natural y una persona jurídica sin documentación que acredite dichos procedimientos en el 2022.
En esos momentos estaba como alcalde el indígena Jesús Montes Meléndez, quien había reemplazado en la alcaldía al también indígena Eliseo Puricho Bardales, debido a que éste fue detenido, acusado de corrupción.
Aprovechando la designación de Montes, el gerente municipal de entonces, Molina Panchana, dispuso de los fondos municipales. Tanto Molina Panchana como Pinedo Ramírez, fueron detenidos preliminarmente. Después, Pinedo Ramírez, logró salir libre y desapareció. Cuando se dispuso su detención preventiva ya se encontraba como no habido, en tanto que Molina Panchana fue enviado al penal de Pucallpa con nueve meses de prisión preventiva para que siga la investigación preparatoria.
Además, Miguel Pinedo Ramírez, fue implicado por un colaborador eficaz en actos irregulares, por lo que el 2023 la fiscalía lo implicó en una organización criminal, junto con el exalcalde Jesús Montes Meléndez y otros funcionarios, por lo que se dispuso su prisión preventiva por nueve meses.
¿No parece que la sanción administrativa de inhabilitación llega demasiado tarde o se está dando a conocer después de un tiempo prolongado?
Sin duda la Contraloría ha demorado de acuerdo con sus plazos y sus procedimientos, para que sea un acto administrativo firme.
Volviendo a los funcionarios inhabilitados, también lo están el exdirector ejecutivo de administración, Ángel Gabriel Flores Vela, y la exjefa de adquisiciones de la DIRESA Ucayali, Ana María Túnjar Rodríguez. Ambos fueron sancionados con tres años y ocho meses, cuatro meses de inhabilitación respectivamente, desde el 28 de febrero de 2024. Dichos funcionarios, en el 2021, adquirieron 796 tóneres sin justificar su necesidad objetiva y real, seleccionaron a proveedores con precios superiores a los ofertados. Los bienes no ingresaron al almacén y no se acreditó su distribución, uso y finalidad.
Pero Gabriel Flores Vela también está implicado en otro caso penal. Cuando trabajó en la Red de Salud de Coronel Portillo. Junto con Roberto Tananta (capturado en Huánuco) y otros funcionarios más, permitieron la transferencia de órdenes de servicios a personas que no tenían vínculo laboral con la institución. Esas personas, cobraron en varias oportunidades. El monto de lo cobrado llegaba los 45 mil 514 soles.
Es probable que estas sanciones tengan un efecto disuasivo sobre otros funcionarios. Ahora ya saben que se arriesgan a perder su capacidad de laborar para el Estado si cometen infracciones, irregularidades o delitos. Es decir, perderían su capacidad de generar economía.
