En un contundente desafío al gobierno de Dina Boluarte, el jurista y exministro de Justicia Diego García Sayán ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) en relación con las muertes de manifestantes ocurridas durante las protestas contra el actual gobierno entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. García Sayán, junto a otros ciudadanos preocupados, sostiene que la falta de justicia interna justifica la intervención de la CPI para investigar estos crímenes.
Respuesta a las Objeciones del Gobierno
García Sayán responde a las objeciones del abogado de Boluarte, Joseph Campos, quien argumenta que solo los Estados parte pueden presentar denuncias ante la CPI. “Este argumento es una defensa de la impunidad y la corrupción”, afirma García Sayán. Señala que la Corte Penal Internacional, aunque no sustituye a los tribunales nacionales, tiene la responsabilidad de actuar cuando los sistemas judiciales locales no cumplen con su deber de investigar crímenes de lesa humanidad.
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La Ineficiencia de la Justicia Peruana
García Sayán critica la lentitud y la falta de seriedad en las investigaciones internas sobre las muertes durante las protestas. “El agotamiento de los recursos internos no puede ser una excusa cuando la justicia no está operando efectivamente”, declara. Según él, el contexto de interferencias políticas y ataques a la independencia judicial en Perú demuestra que no se ha cumplido con el requisito de agotar las vías internas de justicia.
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El Rol de la CPI y Posibles Consecuencias
El jurista explica que, en el caso de que se dicten medidas cautelares, la CPI podría ordenar arrestos internacionales, similar a los procedimientos en casos de alto perfil como el del presidente ruso Vladimir Putin. “La Corte Penal Internacional está diseñada para abordar atrocidades graves y no debe ser vista como un tribunal menor”, aclara García Sayán.
La Corrupción y el Pacto Corrupto
García Sayán también aborda el “pacto corrupto” que, según él, defiende los intereses de organizaciones criminales y facilita actividades ilegales. Critica el entorno político actual por proteger a individuos como Vladimir Cerrón y por fomentar una estructura de poder corrupta que perjudica el avance de la justicia y la democracia en Perú.
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Comparaciones y Contexto Político
Finalmente, García Sayán reconoce que, aunque el contexto actual en Perú presenta similitudes con los peores momentos de la dictadura de Fujimori, la situación actual tiene sus propias características. Destaca la paradoja de un país con una economía minera en auge pero con creciente pobreza e ineficiencia gubernamental. “Estamos frente a una crisis de corrupción que afecta todos los niveles del gobierno, haciendo necesario un cambio profundo para restaurar la justicia y el bienestar en el país”, concluye.
Esta denuncia ante la CPI marca un hito en la lucha contra la impunidad en Perú, y plantea serias preguntas sobre la capacidad del sistema judicial peruano para enfrentar los crímenes de estado.
