El Tercer Juzgado Penal Unipersonal de Ucayali, bajo la dirección de la jueza Ana Bedoya Maque, ha dictado una sentencia condenatoria contra Lorenzo Lomas Rodríguez, un docente acusado de apropiarse indebidamente de más de S/ 3,000 destinados al mantenimiento de la Institución Educativa N° 64793-B «Dos de Mayo» en Iparia. Lomas Rodríguez fue hallado culpable de peculado doloso en agravio del Estado y sentenciado a tres años, cinco meses y cuatro días de prisión efectiva, además de una multa de S/ 6,500 por concepto de reparación civil.
Contexto del caso
Contratado en 2015 mediante la Resolución Directoral Local N° 001171-2015-UGEL CP, Lomas Rodríguez recibió un total de S/ 3,507 para realizar tareas de mantenimiento en la escuela, incluyendo reparaciones de puertas, ventanas y mobiliario, así como la adquisición de útiles pedagógicos. Sin embargo, una investigación realizada por la UGEL Coronel Portillo reveló la falta de ejecución de estos trabajos y la ausencia de devoluciones del monto asignado.
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Irregularidades detectadas
Un informe preliminar de la Unidad de Infraestructura y Proyectos de la UGEL evidenció que Lomas Rodríguez no registró ningún gasto en el sistema Wasichay, utilizado para la gestión del mantenimiento escolar. Un peritaje contable en 2021 corroboró que el docente no cumplió con los trabajos asignados, y que el dinero continuaba sin ser devuelto. A pesar de las numerosas solicitudes para que rinda cuentas, no presentó la documentación requerida.
Proceso judicial y sentencia
Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes que demostraron las irregularidades cometidas por el docente. Estos incluían reportes de la UGEL que confirmaron la falta de registros de gastos y obras ejecutadas. Lomas Rodríguez había renunciado a la Carrera Pública Magisterial en 2015, y a pesar de su situación, no devolvió el dinero, lo que generó un perjuicio económico al Estado.
Al final, el imputado se acogió a la conclusión anticipada, aceptando los cargos y alcanzando un acuerdo con el Ministerio Público y el actor civil sobre la pena y la reparación civil. La jueza aprobó este acuerdo, marcando un importante precedente en la lucha contra la malversación de fondos públicos en el sector educativo.
