La Contraloría General de la República identificó irregularidades significativas en la gestión de la Empresa Concesionaria de Electricidad de Ucayali – Electro Ucayali. Funcionarios de esta entidad aprobaron una prestación adicional en la obra “Creación de redes primarias y secundarias II etapa de los asentamientos humanos Brisas de Manantay, Lander Tamani, Mario Denis II, Jardines de Mario Denis II, 16 de noviembre, Nuevo Manantay y 27 de diciembre”, basándose en deficiencias inexistentes en el expediente técnico. Este hecho resultó –según Contraloría- en un perjuicio económico de 224 mil 622 soles para la entidad.
Según el Informe de Control Específico N°014-2024-2-4236-SCE, Electro Ucayali, en respuesta a las consultas del contratista sobre el cambio de medidores electrónicos por medidores inteligentes, proporcionó nuevos datos técnicos. Estos datos fueron incluidos por el contratista en el expediente del replanteo de obra, alegando deficiencias en el expediente técnico original, sin ningún sustento real. Cabe señalar que los medidores electrónicos especificados originalmente cumplían con todos los requisitos necesarios para alcanzar los objetivos del contrato y la finalización satisfactoria de la obra.
La aprobación de esta prestación adicional generó no solo una ampliación injustificada del plazo del proyecto por 150 días calendario, sino también pagos adicionales por gastos generales y supervisión. Estos desembolsos adicionales, que resultaron ser injustificados, se derivaron de una interpretación errónea y sin fundamento del expediente técnico por parte de los funcionarios responsables.
La investigación de la Contraloría reveló que esta situación fue consecuencia del incumplimiento de funciones por parte de varios funcionarios de Electro Ucayali, entre ellos el administrador del contrato, Juan Carlos Robles Resurrección, “quien no cumplió sus funciones y permitió las modificaciones de los medidores requeridos para la obra”; el supervisor de proyectos, Armando Fausto Mejía Ruiz; la jefa de la oficina de asesoría legal, abogada Anabel Fiorella Vidal Reyes, y el jefe del departamento de ingeniería, Augusto Pacaya Villacorta. La falta de diligencia y supervisión adecuada por parte de estos funcionarios permitió que el contratista modificara el expediente técnico sin justificación, lo cual desencadenó los pagos indebidos.
En consecuencia, la Contraloría ha identificado responsabilidad civil y administrativa en cuatro funcionarios de Electro Ucayali. Estos hallazgos implican que dichos funcionarios están sujetos a la capacidad sancionadora del órgano de control, lo que podría resultar en sanciones administrativas y la exigencia de resarcimiento económico por el perjuicio ocasionado.
Este caso pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión dentro de las entidades públicas, para evitar que situaciones similares se repitan y garantizar el uso eficiente y transparente de los recursos públicos. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales para preservar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y asegurar que los proyectos de infraestructura se ejecuten conforme a los principios de eficiencia, eficacia y legalidad.
