[dropcap]L[/dropcap]a empresa concesionaria de la comercialización de energía eléctrica en Ucayali, denominada Electro Ucayali, que teniendo el 99 % de inversión del estado y un 1% de inversión de terceros y se administra de acuerdo a la empresa privada, está en crisis. Durante el año 2016 hubo una protesta masiva y un paro regional que entre otros reclamos incluía el elevado precio en las tarifas del servicio eléctrico, lo que obligó a que Rosina Manche Mantero como presidente del directorio, que vive en Lima y era funcionaria de Sedapal y jamás venía a Pucallpa, José Llontop Vigil, Miguel Valdivieso y otros miembros del directorio renunciaran. Pese al sacrificio de la población, no hubo rebajas sustantivas en los montos facturados cada mes y por el contrario, surgieron voces como la del exprefecto, dirigente magisterial y de los motocarristas, Pedro Salazar, que indicaba tener pruebas sobre un presunto arreglo bajo la mesa de los dirigentes de la protesta con la presidente del directorio Rosina Manche Mantero. Y durante más de medio año no tuvo presidente del directorio y la empresa se manejó a través del gerente general, el exmarino José Luis Dellepiani Ribeyro. Y luego, nadie se explica cómo ni porqué, fue designado presidente del directorio el CPC Joel Moreno, que antes había laborado en varias dependencias públicas, tiene trayectoria y también detractores. Sin embargo, surgieron denuncias sobre la sobrevalorización del precio unitario en la compra mediante convocatoria electrónica inversa de 189 mil galones de combustible para la central térmica de Atalaya. Y se había otorgado la buena pro y colgado en la página del SEACE los documentos. Entonces, la empresa Meli Sac que fi guraba como uno de los postores hizo pública una carta notarial indicando que nunca participó en ningún concurso y que ni siquiera está inscrita en el Registro Nacional de Proveedores del Estado. Es decir, se habría utilizado ilícitamente su razón social. Y en Electro Ucayali no han tenido una respuesta coherente y mientras tanto se espera que la Fiscalía actúe como corresponde. En tanto, continuaban las idas y vueltas de un directorio conformado por tres personajes que viven en Lima y que no conocen Pucallpa y la realidad de Ucayali, designados por Patricia Elliot, directora ejecutiva del FONAFE. Sin duda, la falla está ahí, porque un directorio que desconoce esta realidad e integrado por “altos funcionarios” que parasitan en diversas instituciones públicas lo único que permiten son irregularidades. El propio sindicato de trabajadores de Electro Ucayali ha pedido la salida del gerente general y de los directores puestos a dedo desde Lima, para que sean reemplazados por profesionales que viven en Ucayali y están en contacto con la población. Además de las denuncias por sobrevalorización del precio unitario y una segunda por la desaparición de 35 mil galones de combustible, se señala que la construcción del módulo para atención al público al ingreso de las instalaciones en Yarinacocha no habría costado más de 500 mil soles como se indica en los documentos. Electro Ucayali, entre el descontento de la población y las sucesivas denuncias ante el Ministerio Público por irregularidades, parece que a sus representantes parece no importarles el creciente malestar de los usuarios y el accionar de la justicia, y siguen sumergidos en una hora de crisis y requiere más que simples nombramientos, sino, una auténtica política de combate a la corrupción y un acercamiento al pueblo de manera directa, sin acomodaticios intermediarios.

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