Un desafortunado incidente ocurrió el 10 de agosto en las instalaciones del Colegio de Abogados de La Libertad (Call), donde un partido de fútbol entre abogados colegiados terminó en un enfrentamiento físico. Este suceso, que rápidamente se viralizó en las redes sociales, ha generado tanto burlas como críticas entre la comunidad jurídica y el público en general.
El incidente durante el campeonato
El evento se desarrolló durante el Campeonato de la Confraternidad Jurídica, una actividad destinada a fomentar la integración y el compañerismo entre los abogados. Sin embargo, lo que comenzó como un partido amistoso se transformó en una pelea entre dos participantes, interrumpiendo las celebraciones y dejando una impresión negativa del evento.
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Respuesta del Colegio de Abogados de La Libertad
El Consejo Directivo del Colegio de Abogados de La Libertad, encabezado por el decano Yvo Hora Ordinola, emitió un comunicado lamentando el incidente y su impacto en la imagen del gremio. «Este hecho ha sido desafortunadamente utilizado para denigrar a nuestro gremio, la noble profesión de la abogacía y el propio certamen, ante la comunidad general. No podemos permitir que la reputación de cientos de colegas, que diariamente se esfuerzan por honrar nuestra profesión, se vea afectada por el comportamiento inapropiado de unos pocos«, afirmaron.

Como medida correctiva, el Call ha convocado a un congreso de delegados para determinar las sanciones correspondientes para los involucrados en la pelea. Se espera que se tomen decisiones firmes para salvaguardar la integridad y el prestigio del colegio y de la profesión.
Actividades recientes del Colegio de Abogados
Recientemente, el 3 de agosto de 2024, el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, fue invitado a una ceremonia por el aniversario del Colegio de Abogados de Lima (CAL). Durante el evento, el decano Raúl Canelo Rabanal instó al Ejecutivo a revisar la ley que prescribe delitos de lesa humanidad.
Asimismo, el 12 de agosto, el CAL expresó su respaldo a una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Extinción de Dominio, alegando que vulnera la presunción de inocencia y podría afectar a propietarios de bienes adquiridos hace décadas sin un registro formal.



