La Contraloría General identificó que funcionarios de la Unidad de Gestión Educativa Local de Atalaya registraron y autorizaron 215 operaciones, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera – SIAF, a favor de trece personas naturales, a pesar de que no existía ninguna obligación de pago legalmente contraída con ellas. Esto generó un perjuicio de 690 664 soles en contra del Estado.
Según el Informe de Control Específico N°039-2024-2-5354-AC, se evidenció que las personas luego de cobrar el dinero lo entregaban al jefe de presupuesto y tesorero, funcionarios responsables de las cuentas bancarias de la entidad. Además, los recursos también eran entregados a la hermana del jefe de presupuesto.
Este último asumió su responsabilidad y aceptó haber beneficiado económicamente a ocho personas en coordinación con el tesorero, y según el RENIEC, se determinó que dos personas que recibieron estos pagos tenían hijos en común con dos hermanos del referido jefe de presupuesto.
Los medios utilizados por los funcionarios para los pagos indebidos fueron la carta de orden electrónica por S/ 77 068, orden de pago electrónico por el monto de S/ 582 744, y cheque por S/ 30 850, lo cual generó un efecto económico adverso en contra de la entidad.
Se identificó responsabilidad penal y administrativa, sujeta a la capacidad sancionadora de la Contraloría, en seis funcionarios de la UGEL Atalaya.
Impetu publicará un informe detallado en los próximos días, señalando a los responsables y detallando la modalidad.