En horas de la noche del lunes 1 de julio, la exfiscal Doris Mercedes Benavides Correa abandonó el Establecimiento Penitenciario, donde permaneció siete meses luego que, en noviembre del año pasado, el Juzgado Superior de Investigación Preparatoria, a cargo del magistrado Josué Córdova Pintado, resolviera variar la condición de comparecencia con restricciones por la medida de prisión preventiva por 20 meses en el Establecimiento Penitenciario de Pucallpa. Esto por no haber cumplido con las reglas de conducta en lo que respecta al pago de la caución económica ni dentro ni fuera del plazo legal, pese a los varios requerimientos realizados desde junio de 2022.
La exfiscal adjunta de la Quinta Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Coronel Portillo era esperada en las afueras del penal de Pucallpa, por un pequeño grupo de familiares y amigos, entre ellos la exalcaldesa de Yarinacocha Jerly Díaz Chota, con quien se estrechó en apretado abrazo.
Al cierre de la presente edición, se desconocía el órgano jurisdiccional que decidió variar la medida de prisión de la exfiscal, enfrenta cargos relacionados con su presunta participación como integrante de organización criminal y cómplice primario en el delito de cohecho pasivo específico.
Cabe recordar que en febrero de este año, el juez Marco Antonio Espíritu Matos, a cargo de la Sala Penal de Emergencia de la Corte de Ucayali, declaró infundada la solicitud de la exfiscal Benavides Carranza, de variación de la prisión preventiva por una de comparecencia restringida, arresto domiciliario o vigilancia electrónica.
Según el magistrado, los argumentos presentados por la defensa técnica para variar la prisión preventiva, en aquel momento, no constituían nuevos elementos de convicción para demostrar que no existe peligro de fuga, ni peligro de obstaculización de la actividad probatoria, o que la imputación que inicialmente era muy consistente se haya desvanecido o haya perdido solidez.
Los hechos investigados contra Benavides Carranza datan del 31 de mayo de 2021, fecha en la que se estableció la existencia de elementos incriminatorios que sugerirían la posible participación de la exfiscal en una presunta organización criminal, liderada por Luis Alberto Jara Ramírez, fallecido fiscal superior y presidente de la Junta de Fiscales del Distrito Fiscal de Ucayali.
Según el Ministerio Público, la investigada habría participado como intermediaria para el ofrecimiento de plazas CAS y suplencias 728, como propuestas para el nombramiento de fiscales provinciales en la fiscalía del Distrito Fiscal de Ucayali, a cambio de ventajas económicas indebidas destinadas al fallecido fiscal superior.
